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Denuncia

Gobierno de Bolivia denuncia a exgerente de Entel por corrupción

Exgerente de Entel, Óscar Coca
Exgerente de Entel, Óscar Coca • APG / Archivo
El Gobierno de Bolivia presenta denuncia penal contra exgerente de Entel por irregularidades en compra de decodificadores.

Ficha informativa

El Gobierno de Bolivia denuncia penalmente al exgerente de Entel, Óscar Coca, y a nueve personas más por corrupción en la compra de decodificadores, con un perjuicio económico superior a 52 millones de bolivianos.

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Contexto:

La denuncia se basa en un informe de la Contraloría General del Estado que detectó irregularidades en el contrato para la adquisición de decodificadores durante la gestión del expresidente Evo Morales. El viceministro Yamil García proporcionó detalles sobre los delitos atribuidos a los implicados.

La investigación revela que los equipos entregados no cumplían con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato, lo que implica una falta grave en el proceso de contratación.

Por qué importa:

La acción legal busca esclarecer las responsabilidades penales y administrativas de los diez implicados, afectando la imagen y recursos de la empresa pública Entel.

Datos clave:

  • Fecha: 6 de octubre de 2026
  • Perjuicio económico: más de 52.000.000 bolivianos
  • Cantidad de decodificadores: 50.000
  • Memoria RAM contratada: 1 gigabyte
  • Memoria RAM entregada: 512 megabytes
Gobierno de Bolivia denuncia a exgerente de Entel por corrupción
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Denuncia penal contra Óscar Coca

El Gobierno boliviano formalizó este martes una denuncia penal ante las instancias competentes en contra del exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Óscar Coca, y de otras nueve personas vinculadas a la gestión del expresidente Evo Morales.

Acusaciones y delitos imputados

La acusación comprende a exfuncionarios, exgerentes, subgerentes nacionales, miembros de la comisión de calificación y particulares. A estos se les atribuye la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, según informó Unitel.

Fundamento del proceso judicial

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García, el proceso judicial se fundamenta en un informe emitido por la Contraloría General del Estado. Este documento técnico detectó un perjuicio económico al Estado que supera los 52 millones de bolivianos. Este perjuicio se originó en un contrato de adquisición de 50.000 decodificadores de audio y video destinados a la estatal de telecomunicaciones.

Irregularidades detectadas

La investigación detalla que los términos de referencia estipulados en el contrato exigían que cada uno de los dispositivos contara con un rendimiento mínimo de 1 gigabyte de memoria RAM. Sin embargo, la empresa proveedora entregó equipamiento que disponía únicamente de 512 megabytes, es decir, la mitad de la capacidad contratada y pagada por la institución.

Asimismo, las auditorías e informes de control detectaron una segunda irregularidad técnica relacionada con el sistema de alimentación eléctrica de los aparatos. Los rangos recibidos se encontraban significativamente por debajo de los requerimientos técnicos iniciales exigidos en el proceso de contratación.

Responsabilidades del Órgano Ejecutivo

Desde la perspectiva del Órgano Ejecutivo, la máxima autoridad ejecutiva y responsable del proceso de contratación en ese periodo, Óscar Coca, junto con los mandos medios y los integrantes de la comisión encargada de evaluar y calificar los equipos, habrían permitido y avalado la recepción de bienes que no cumplían con las condiciones acordadas. Esto afectó directamente los recursos de la empresa pública.

Estado actual del proceso legal

Hasta el momento, la acción legal se encuentra en su fase formal de denuncia impulsada por el Viceministerio de Transparencia. Las autoridades llamadas por ley continúan con las indagaciones para esclarecer las responsabilidades penales y administrativas de cada uno de los diez implicados en el manejo de este contrato estatal.

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¿Por qué el Gobierno boliviano decidió presentar una denuncia penal contra Óscar Coca y otros implicados?

  • Por un informe de la Contraloría que detectó un perjuicio económico
  • Porque se necesitaba cambiar a los funcionarios del gobierno
  • Para mejorar la imagen del Gobierno ante la población
  • Por presiones de otros países
©2026 Editorial La Patria Ltda.
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Secuencia de los hechos

Instrucciones: Ordena los acontecimientos según el momento en que ocurrieron, desde el primero hasta el último.
  1. El contrato de adquisición de 50.000 decodificadores es firmado
  2. La empresa proveedora entrega decodificadores con menor capacidad de la contratada
  3. La Contraloría General del Estado emite un informe sobre el contrato
  4. El Gobierno boliviano presenta la denuncia penal contra Óscar Coca y otros
  5. Las autoridades continúan con las indagaciones sobre las responsabilidades penales
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