Ficha informativa
El abogado Joseph Abastoflor presentó una acción de amparo constitucional contra autoridades de La Paz por el congelamiento de cuentas bancarias de contribuyentes con deudas tributarias. Busca restituir derechos vulnerados y se estima que más de 1.000 personas podrían estar afectadas.
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Contexto:
Abastoflor cuestionó el procedimiento aplicado por la administración municipal, argumentando vulneración del debido proceso y defensa. Los afectados intentaron impugnar las medidas ante la ATM sin respuesta. Se espera que otros afectados se adhieran al amparo.
La Alcaldía sostiene que las medidas se aplican tras notificaciones y plazos establecidos, ofreciendo planes de pago hasta 30 meses. La ASFI aclaró que los recursos inembargables deben ser respetados según la Constitución.
Por qué importa:
La acción podría impactar en la regularización de cuentas congeladas y en el plan de cobro de la Alcaldía, además de generar un precedente sobre los derechos de los contribuyentes frente a las acciones municipales.
Datos clave:
- Fecha: 5 de octubre de 2026
- Más de 1.000 casos relacionados con el congelamiento de cuentas
- Deuda tributaria acumulada: Bs 3.000 millones
- Déficit financiero: Bs 248 millones
- 160.000 cuentas sujetas a órdenes de retención
El abogado Joseph Abastoflor presentó este lunes 5 de octubre una acción de amparo constitucional contra el alcalde de La Paz, César Dockweiler; el director de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Nielsen Velasco; y el jefe de Recaudaciones de la Alcaldía, Jorge Sardán. Esta acción se debe al congelamiento de cuentas bancarias de personas con deudas tributarias municipales.
Objetivo del recurso legal
La acción fue presentada ante la Sala Constitucional Tercera de La Paz. Según explicó Abastoflor, busca restituir los derechos de los contribuyentes afectados por las retenciones de fondos. El jurista cuestionó el procedimiento aplicado por la administración municipal y sostuvo que se vulneraron derechos vinculados al debido proceso y a la defensa.
Afectados y contexto del amparo
Abastoflor señaló que la acción constitucional fue planteada después de que los afectados intentaran impugnar las medidas ante la ATM sin obtener respuesta. Además, indicó que otras personas que se consideren afectadas podrían adherirse al amparo para solicitar el descongelamiento de sus cuentas.

Situación financiera del municipio
La situación ocurre en medio del plan de cobro de deudas tributarias impulsado por la Alcaldía de La Paz. El municipio informó que la deuda tributaria acumulada supera los Bs 3.000 millones por impuestos sobre inmuebles, vehículos y actividades económicas, mientras enfrenta un déficit financiero de Bs 248 millones.
Órdenes de retención y respuesta municipal
Como parte del proceso, la ATM emitió órdenes de retención de fondos por deudas relacionadas con vehículos e inmuebles. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que alrededor de 160.000 cuentas estaban sujetas a estas órdenes. Aclaró que las retenciones son dispuestas por la autoridad competente —en este caso, la ATM— y posteriormente canalizadas hacia las entidades financieras.
Mecanismos para regularización
La Alcaldía sostiene que las medidas se aplican después de los procedimientos de notificación y los plazos establecidos. Además, habilitó planes de pago de hasta 30 meses para facilitar la regularización. También anunció mecanismos para atender a personas que vendieron sus vehículos sin completar el cambio de titularidad, lo que provocó que las deudas tributarias municipales continuaran registradas a nombre de los antiguos propietarios.
Protección a recursos inembargables
La ASFI estableció que los recursos correspondientes a salarios, pensiones, jubilaciones y beneficios sociales con carácter inembargable deben ser respetados conforme a la Constitución y las leyes. Asimismo, aclaró que el levantamiento de una retención debe ser dispuesto por la autoridad que la ordenó.
Próximos pasos en el proceso legal
Ahora, la acción presentada por Abastoflor deberá ser considerada por la Sala Constitucional Tercera, que determinará si corresponde conceder o rechazar la tutela solicitada.
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