Compromiso de cambiar la justicia marca sesión de la ALP

Tras un debate marcado por el rol histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cambiar la justicia, la sesión plenaria del Parlamento entró en cuarto intermedio este viernes 2 de octubre, con la premisa de que, por tiempo y materia, las Cámaras de Diputados y Senadores sesionen por separado un proyecto de ley para modificar la Ley 260 del Ministerio Público y la suplencia del Fiscal General.

Esta sesión se convocó con carácter de urgencia tras que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, fuera aprehendido por sospechas de liderar una red de corrupción y proteger al narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, llegó hasta la ALP para brindar un informe de la situación y ratificó que Mariaca y otros fiscales formaban parte de una organización criminal. Además, enfatizó en que el informe brindado era preliminar, por lo que no dio más detalles sobre la investigación al margen de los que ya se conocen.

Posturas de las bancadas

Tras un escueto informe, cada bancada escogió a cinco representantes para pronunciarse. La Alianza Popular (AP) pidió que las investigaciones se lleven con transparencia, con respeto al debido proceso y presunción de inocencia. Además, rechazaron cualquier figura de interinato irregular en la Fiscalía.

Posteriormente, la bancada Autonomía para Bolivia-Súmate (APB-Súmate) enfatizó que, más allá de juzgar a Mariaca, el rol de la Asamblea Legislativa debía ser encaminar una reforma completa de la administración de justicia.

Desde la bancada Libre criticaron que los ministros que acudieron ante la Asamblea no se hayan quedado después de dar ese informe para responder preguntas. Según su criterio, hay grandes dudas sobre el operativo como por qué Iván Lima e Israel Campero siguen en libertad cuando también fueron observados desde Estados Unidos.

De igual forma, rechazaron la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de que el nuevo Fiscal General sea designado por decreto supremo; desde la bancada opositora calificaron eso como un “despropósito” y una falta de respeto a la investidura de los legisladores.

Diversidad de opiniones en el PDC

Desde el fragmentado PDC se evidenciaron distintas posturas. Mientras algunos consideraron que los mecanismos en la aprehensión de Mariaca fueron incorrectos y que no se respetó el debido proceso, otra facción opinó que las pruebas contra la exautoridad son contundentes y que ahora la prioridad debe ser reestructurar la justicia y la legalidad.

Un reto histórico para la ALP

Finalmente, desde la alianza Unidad enfatizaron en que la Asamblea Legislativa estaba ante un reto histórico de hacer un cambio real en la justicia, con jueces y fiscales que velen por el bien de la gente y del país, y no así por lo ilícito como el crimen organizado y el narcotráfico.

Aprobación de resolución camaral

Tras estos pronunciamientos, se votó por una resolución camaral para que las Cámaras de Diputados y Senadores sesionen por separado con el fin de modificar el artículo 25 de la Ley 260; este artículo regula las suplencias del Fiscal General del Estado y cobró relevancia tras que el fiscal Luis Montaño saliera a la palestra como Fiscal General interino tras la aprehensión de Mariaca.

Desde la ALP cuestionaron la legalidad de su interinato, argumentando que para asumir ese cargo previamente debió mandar la documentación requerida a este poder del Estado. De igual forma, se cuestionó su cercanía con Mariaca y la posibilidad de que intervenga con las investigaciones.

La resolución camaral fue aprobada por más de dos tercios, con lo que la sesión de la Asamblea Legislativa entró en cuarto intermedio hasta que el proyecto de ley sea aprobado en ambas cámaras y promulgado por el Ejecutivo.