Ficha informativa
El Gobierno nacional denunció el 1 de octubre de 2026 que la Fiscalía bloqueó el ingreso de nuevas denuncias, en medio de una crisis institucional tras la detención del exfiscal Róger Mariaca por narcotráfico.
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Contexto:
La crisis se originó con la detención de Róger Mariaca y Alberto Zeballos en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, tras ser incluidos en una lista de sanciones del Departamento de Estado estadounidense. José Luis Gálvez, vocero presidencial, afirmó que Luis Montaño Morales asumió el cargo interinamente tras la ausencia definitiva de Mariaca.
Romel Ipamo, abogado de Mariaca, solicitó resguardar el debido proceso. La interrupción del sistema informático busca frenar los procesos contra las personas aprehendidas, según la vocería gubernamental.
Por qué importa:
La denuncia del Gobierno podría afectar la confianza ciudadana en la Fiscalía y su capacidad para manejar denuncias. La Defensoría del Pueblo instó a garantizar la atención regular a los ciudadanos y a respetar el debido proceso en la sucesión del fiscal general.
Datos clave:
- Fecha: 1 de octubre de 2026
- Detenciones: 14 personas aprehendidas
- Monto involucrado: 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares
- Normativa mencionada: Ley N.º 260
Denuncia del Gobierno sobre la Fiscalía
El Gobierno nacional denunció este jueves 1 de octubre que el sistema informático del Ministerio Público fue bloqueado para evitar el ingreso de nuevas denuncias e imputaciones formales.
Este hecho ocurre en medio de una crisis en la fiscalía desencadenada por la aprehensión del exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, acusado de liderar presuntamente una red vinculada al narcotráfico y a la legitimación de ganancias ilícitas.
Declaraciones del vocero presidencial
Durante una conferencia de prensa en La Paz, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el actual fiscal general del Estado, Luis Montaño Morales, asumió la jefatura de la entidad de forma unilateral e intenta retirar de sus puestos a los fiscales de turno. Gálvez explicó que Montaño apartó de sus funciones al fiscal de materia, Juan Pablo Mazzone, justo cuando este debía tomar las declaraciones informativas a los detenidos: el propio Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
Interrupción del sistema digital
Según la vocería gubernamental, la interrupción de la plataforma digital busca frenar el avance de los procesos contra las personas aprehendidas. En respuesta a los cuestionamientos, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado oficial aclarando que, ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, Luis Montaño Morales asumió el cargo de forma interina por ser el fiscal superior con mayor antigüedad, aplicando la normativa sobre suplencia legal.
Reacciones y contexto legal
Por su parte, Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que su cliente colaborará con la investigación y solicitó que se resguarde el debido proceso. Días antes, Mariaca había rechazado las acusaciones formuladas por Estados Unidos, calificando la revocación de su visa como una presión política e injerencia externa.
Crisis desatada por detenciones
La crisis se desató la noche del miércoles 30 de septiembre con la detención de Mariaca y Zeballos en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, 48 horas después de ser incluidos en una lista de sanciones del Departamento de Estado estadounidense. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el operativo dejó un saldo de 14 personas aprehendidas: cuatro autoridades judiciales y policiales; cuatro personas sorprendidas cuando intentaban retirar 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares en una ambulancia desde la vivienda de Mariaca; y seis funcionarios del Ministerio Público acusados de intentar retirar documentación del mismo inmueble.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
Según el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, emitido este 1 de octubre de 2026, la institución pidió a las autoridades públicas garantizar la continuidad y la atención regular a la ciudadanía en todas las dependencias del Ministerio Público. El organismo defensorial recordó que la Constitución otorga autonomía funcional y administrativa a la Fiscalía para defender la legalidad.
Exhortación al debido proceso
Asimismo, exhortó a actuar con mesura y solicitó que la sucesión en el cargo de fiscal general se formalice con estricto cumplimiento del artículo 25.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley N.º 260) y el respeto al debido proceso.
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