Ficha informativa
La oficina de YPFB en Potosí fue intervenida tras protestas por escasez de carburantes, denunciando un presunto desvío de gasolina y diésel. La intervención busca auditar la distribución y esclarecer el destino del combustible.
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Contexto:
Choferes y propietarios de motorizados tomaron las instalaciones de YPFB en Potosí. El diputado Vladimir Díaz participó en la reunión que determinó la intervención, apuntando a un presunto desvío masivo de carburantes. La comisión técnica auditará el circuito de distribución.
Los choferes sostienen que el combustible desviado se utiliza en faenas mineras no autorizadas y motorizados ilegales. Se requiere el escaneo de la tarjeta B-Sisa para cualquier carguío, lo que plantea interrogantes sobre cómo se acopian volúmenes elevados.
Por qué importa:
Los transportistas exigen determinar el destino del excedente, que podría alimentar la minería ilegal y vehículos indocumentados. Se denuncia una distorsión generada por la subvención estatal, convirtiendo el combustible en un negocio lucrativo para grupos irregulares.
Datos clave:
- Fecha de intervención: 25 de septiembre de 2026
- Litros de gasolina mensuales destinados a Potosí: 7 millones
- Porcentaje de gasolina que llega efectivamente: 67%
- Litros no justificados cada mes: 3 millones
Intervención de YPFB en Potosí
La oficina comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de Potosí fue intervenida por personal enviado desde la oficina nacional de la estatal petrolera. Esta acción se produjo tras una jornada de tensión el pasado viernes 25 de septiembre, en la que choferes y propietarios de motorizados de la Villa Imperial tomaron las instalaciones. La intervención responde a constantes denuncias sobre la escasez de carburantes y las interminables filas de vehículos en los surtidores, donde la gasolina y el diésel resultan persistentemente insuficientes para abastecer la demanda local.
Denuncias sobre desvío masivo de carburantes
El núcleo de la protesta radica en las abismales diferencias entre el volumen despachado y el recibido. De acuerdo con las cifras expuestas por los denunciantes, de los siete millones de litros de gasolina que mensualmente se destinan al departamento de Potosí, únicamente cerca del 67 por ciento llega de manera efectiva a los tanques del parque automotor legal. Esta disparidad deja sin justificar el destino de aproximadamente tres millones de litros cada mes, por lo que los transportistas exigen determinar con exactitud a dónde va a parar dicho excedente, indicó El Potosí.
Acciones del diputado Vladimir Díaz
El diputado Vladimir Díaz, quien participó activamente en la reunión del viernes en la que se determinó la intervención de YPFB, precisó que la denuncia apunta formalmente a un presunto desvío masivo de carburantes. El legislador explicó que la comisión técnica arribada a la Villa Imperial tiene la instrucción de auditar integralmente el circuito de distribución:
- Analizar la cantidad exacta de combustible que ingresa a Potosí.
- Verificar los volúmenes asignados a cada estación de servicio.
- Fiscalizar la modalidad de entrega a los usuarios finales.
Posibles destinos del combustible desviado
Esto se realiza bajo la premisa de que existiría una fuga sistemática en algún punto de la cadena logística. En cuanto al destino final del combustible desviado, los choferes sostienen que el producto alimentaría principalmente a la minería ilegal y al funcionamiento de vehículos indocumentados, conocidos popularmente como “chutos”. Según los manifestantes, diversas regiones potosinas albergan faenas mineras no autorizadas que demandan altos volúmenes tanto de gasolina como de diésel para sostener sus labores de extracción de minerales.
Circulación de motorizados ilegales
En paralelo, señalan que en zonas como el norte potosino y otros municipios del departamento circula una importante cantidad de motorizados ilegales que logran reabastecerse de manera continua con carburante desviado del circuito legal. Los denunciantes fundamentan su reclamo en la distorsión que genera la subvención estatal, la cual convierte al combustible en un lucrativo negocio para grupos irregulares que se dedican a acopiarlo, transportarlo y comercializarlo en el mercado negro a precios superiores. Por esta razón, demandan una investigación profunda que esclarezca cómo estas personas logran acopiar volúmenes tan elevados de gasolina, considerando que rigen límites normados de compra por usuario y que el sistema requiere obligatoriamente el escaneo de la tarjeta B-Sisa al momento de efectuar cualquier carguío.
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