Ficha informativa
El Gobierno central emitió el Decreto Supremo 5727 el 27 de septiembre de 2026 para priorizar la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas, buscando cuidar recursos públicos.
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Contexto:
Pablo Camacho, director de la OFEP, explicó que esta medida responde a motivos económicos y no políticos. En el pasado, se crearon entidades estatales inoperantes, como plantas procesadoras de café y limón.
El diagnóstico técnico elaborado por la OFEP deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep), que marcará el rumbo administrativo de las entidades observadas.
Por qué importa:
Las empresas notificadas estarán prohibidas de adquirir nuevas deudas, vender bienes, firmar contratos que superen la gestión fiscal vigente, contratar nuevo personal permanente, autorizar aumentos salariales o perdonar deudas pendientes. Se aplicarán sanciones legales en caso de incumplimiento.
Datos clave:
- Decreto Supremo 5727
- 67 empresas públicas registradas por la OFEP
- Más de 100 empresas públicas bajo el Sedem
- 15 días hábiles para gestionar normas tras aprobación del diagnóstico por el Coseep
Decreto Supremo 5727 y su impacto en las empresas públicas
El Gobierno central emitió el Decreto Supremo 5727 para declarar como prioridad la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. La medida, anunciada el 27 de septiembre, busca revisar la situación de estas compañías estatales para cuidar los recursos públicos. Así lo explicó el director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.
Motivos económicos detrás del decreto
Según informó Unitel, Pablo Camacho recalcó que esta decisión no tiene un trasfondo político, sino que responde enteramente a motivos económicos. El proceso se aplicará a partir de un diagnóstico técnico elaborado por la OFEP, que deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep). Esta instancia marcará el rumbo administrativo de las entidades observadas.
Datos sobre las empresas públicas en Bolivia
De acuerdo con los datos brindados por la autoridad y difundidos por Unitel, la OFEP tiene registradas actualmente 67 empresas públicas. Por su parte, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) cuenta con poco más de 100 empresas, sin tomar en cuenta aquellas que dependen de los gobiernos departamentales y municipales del país.
Reglas estrictas para empresas notificadas
Asimismo, la normativa establece reglas estrictas de protección financiera para las empresas notificadas. Según informó Unitel, desde el momento en que se emita la resolución, estas entidades quedarán prohibidas de:
- Adquirir nuevas deudas.
- Vender sus bienes.
- Firmar contratos que superen la gestión fiscal vigente.
- Contratar nuevo personal permanente.
- Autorizar aumentos de sueldos.
- Perdonar deudas pendientes.
Todas estas acciones estarán bajo advertencia de sanciones legales en caso de incumplimiento.
Ejecución y plazos establecidos
Para la ejecución de los cambios, el ministerio del área correspondiente dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles para gestionar las normas necesarias una vez que el Coseep apruebe el diagnóstico. En los casos donde se determine la disolución o el cierre definitivo, se deberá presentar un proyecto de decreto o ley ante el Ministerio de la Presidencia en ese mismo plazo, según los detalles dados a conocer por el medio.
Cierre de entidades estatales ineficaces
Finalmente, el reporte señala que en el pasado se crearon diversas entidades estatales que no llegaron a funcionar. Esto incluye plantas procesadoras de café y de limón en distintas regiones, cuyos recursos económicos podrían haberse destinado a la construcción de escuelas, hospitales y proyectos de saneamiento básico para la población.
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