Ficha informativa
El viceministro Gustavo Jáuregui afirmó que el Decreto Supremo 5727 no busca privatizar empresas estatales, sino garantizar su viabilidad mediante alianzas público-privadas y comunitarias. Esto se debe a la alta deuda y baja capacidad productiva de estas entidades.
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Contexto:
El gobierno aprobó el Decreto Supremo 5727 tras un gabinete virtual dirigido por el Presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos. El viceministro mencionó que las empresas estatales fueron recibidas con altas cifras de endeudamiento y baja capacidad productiva.
El decreto declara como prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado, basándose en un diagnóstico técnico aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública – COSEEP.
Por qué importa:
La implementación del decreto podría llevar a una reorganización de las empresas públicas, afectando su estructura y funcionamiento. Las alianzas con el sector privado podrían cambiar la dinámica de propiedad y gestión en estas entidades.
Datos clave:
- Decreto Supremo 5727
- Artículo 6 de la Ley 1755, del 30 de julio de 2026
- 15 días hábiles para gestiones normativas tras la resolución del Coseep
Tras que el gobierno aprobara el Decreto Supremo 5727, que “declara de prioridad del Órgano Ejecutivo, la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado”, el viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui, aseguró este viernes 25 de septiembre que no se trata de ningún proceso de privatización.
Objetivos del decreto
La autoridad aseguró que lo que se busca es la viabilidad de las empresas estatales, mediante alianzas público-privadas y comunitaria-productivas, . Esto se debe a que la actual gestión recibió estas entidades con altas cifras de endeudamiento y baja capacidad productiva, según aseguró.
Declaraciones de Gustavo Jáuregui
“Lo que se busca es que el Estado pueda ser partícipe todavía de la propiedad de las diferentes empresas, pero con alianzas con el sector privado y también con los sectores productivos, que son lo que generan la materia prima, específicamente en las empresas de desarrollo productivo”, declaró el viceministro.
Contexto del decreto y su implementación
Tras un gabinete virtual dirigido por el Presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos, el Gobierno publicó, minutos antes de la medianoche del jueves, el Decreto Supremo 5727. Este decreto “declara de prioridad del Órgano Ejecutivo, la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado”.
Cumplimiento de normativas legales
“En cumplimiento al Artículo 6 de la Ley 1755, del 30 de julio de 2026, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2026, la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado se efectuará con base al diagnóstico técnico efectuado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – OFEP, aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública – COSEEP”, cita el Artículo 2 del nuevo decreto.
Plazos para la implementación
Una vez recibida la resolución del COSEEP que apruebe el diagnóstico técnico recomendando la “reorganización”, el ministerio responsable del sector realizará las gestiones de los instrumentos normativos en un plazo máximo de 15 días hábiles.
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