Indígenas denuncian irregularidades legales por obras en el río San Lorenzo

Denuncia de indígenas sobre irregularidades procesales

Representantes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este y autoridades indígenas denunciaron presuntas irregularidades procesales y parcialización por parte de la magistrada de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental. Esta denuncia se relaciona con el proceso sobre obras no autorizadas en el río San Lorenzo, en Santa Cruz.

Parálisis del proceso judicial

De acuerdo con el reporte, la fase de casación se encuentra paralizada desde marzo de 2026. Esta situación posterga la remoción de infraestructuras sin licencia ambiental en la cabecera de la cuenca. Mientras tanto, la fuente hídrica atraviesa un proceso de desecamiento en el municipio de San José de Chiquitos, según informó la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).

Acusaciones contra la magistrada

La acusación fue formulada por el demandante Wilson Hurtado, el representante Juan Pablo Rojas, de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas-Turubó (CCICH-T), la subalcaldesa de la comunidad Buena Vista, Cleidy Soliz, y los abogados Rodrigo Herrera y Vanessa Barrando. Los denunciantes señalaron que la magistrada a cargo del expediente ha incurrido en actuaciones que benefician a la parte demandada. Esta parte edificó construcciones en el curso del río, vulnerando las salvaguardas ambientales establecidas en los artículos 345 y 376 de la Constitución Política del Estado.

Dificultades para acceder a información judicial

Entre los hechos expuestos por los juristas y dirigentes destaca la interrupción de las notificaciones por vía electrónica. Esta medida obliga a comunarios de la Chiquitanía, incluyendo a personas adultas mayores o con problemas de salud, a realizar viajes de más de 20 horas hacia la sede judicial para informarse sobre los avances del caso. A esta situación se suma la suspensión de los plazos del procedimiento decretada en los últimos cinco meses. Según la representación indígena, esto genera una dilación perjudicial ante el deterioro del ecosistema hídrico.

Actuaciones legales cuestionadas

Asimismo, la representación legal indicó que durante la etapa de casación se solicitaron informes a entidades no competentes para incorporar nuevos elementos al expediente. Los abogados recordaron que esta fase procesal prohíbe normativamente la apertura de etapas de prueba. Advirtieron que dicha actuación sienta un precedente riesgoso al intentar validar construcciones que carecen de evaluación y licencia de impacto ambiental.

Antecendentes judiciales

El caso judicial tiene como antecedente la emisión de la Sentencia 06/2025, dictada el 27 de noviembre de 2025. Este fallo de primera instancia estableció la ilegalidad de las obras emplazadas en la cabecera de la cuenca. También ordenó la demolición de la infraestructura, fijó la restauración del cauce natural del río San Lorenzo y dispuso el resarcimiento económico en favor de las cinco comunidades indígenas afectadas de la TCO Turubó Este.

Acciones recientes por parte de los demandantes

Frente al estado de la causa, los demandantes informaron que el 25 de agosto de 2026 formalizaron un recurso ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental para solicitar la revisión y rectificación de lo obrado. Adicionalmente, requirieron la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional por la supuesta vulneración del derecho al acceso a la justicia y a un medio ambiente sano (artículos 115, 345 y 376 de la CPE). También instaron al Consejo de la Magistratura a iniciar un proceso de investigación y sanción disciplinaria contra la magistrada Rocío Vásquez por retraso en la justicia e inobservancia del procedimiento legal.