Ficha informativa
La clausura del Bar Lounge Mónaco en Oruro genera una disputa legal entre su propietario y el Gobierno Autónomo Municipal. El propietario asegura tener licencia vigente y planea impugnar la clausura, mientras la Alcaldía sostiene que hubo incumplimiento normativo.
Toca para ver el contexto completo
Contexto:
Carlos Israel Mérida Pérez, propietario del Bar Lounge Mónaco, afirma que la intervención fue arbitraria y que el establecimiento cuenta con licencia vigente. Su abogado, Marcelo Cortés, argumenta que la clausura representa dos sanciones por un mismo hecho. La Alcaldía cuestiona la antigüedad del negocio y los pagos tributarios.
El alcalde Iván Quispe ratificó la legalidad de la clausura y anunció una investigación sobre los antecedentes del establecimiento. Se evidenció el uso de equipos de amplificación no correspondientes a la actividad declarada como bar.
Por qué importa:
El conflicto se trasladará a instancias legales, lo que podría afectar la operación del bar y otros establecimientos similares. La Alcaldía revisará la documentación de otros bares y discotecas para determinar si cumplen con los requisitos necesarios.
Datos clave:
- Fecha de renovación de licencia: abril
- Fecha de inicio del trámite para permiso de espectáculos públicos: 30 de julio
- Pérdidas económicas estimadas por cierre: 10.000 bolivianos
- Año de antigüedad del negocio: 2010
- Años concentrados en pagos tributarios: varios años en pocos meses de 2025
Disputa legal tras la clausura del bar lounge Mónaco en Oruro
La clausura del bar lounge Mónaco provocó una intensa disputa entre sus propietarios y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Esta situación surgió tras la intervención del establecimiento, que se realizó por presunto incumplimiento de la normativa municipal.
Argumentos de la Alcaldía
La Alcaldía sostiene que existen observaciones sobre la documentación presentada, así como sobre la autorización para espectáculos públicos y las condiciones de funcionamiento del local. En contraste, el propietario y su asesor legal afirman que el negocio cuenta con una licencia vigente y que la intervención fue arbitraria.
Defensa del propietario
Carlos Israel Mérida Pérez, administrador y propietario del local, aseguró que renovó la licencia de funcionamiento en abril. Además, indicó que inició el trámite para obtener el permiso de espectáculos públicos el 30 de julio. Según explicó, la documentación fue observada en varias ocasiones y las correcciones fueron presentadas. Sin embargo, hasta el momento de la clausura no se emitió la autorización correspondiente.
Mérida cuestionó el uso de la falta de ese permiso como fundamento para el cierre, ya que sostuvo que el día de la intervención no había ningún espectáculo público ni artista presente.
Rechazo a las observaciones
El propietario también rechazó las observaciones relacionadas con los equipos de sonido y la presencia de un DJ. Señaló que el establecimiento cuenta con equipos propios y personal encargado de su manejo. La contratación del DJ se suspendió al no tener aún el permiso correspondiente. Mérida afirmó que impugnará la clausura por vía legal y estimó que las pérdidas económicas por el cierre superarían los 10.000 bolivianos.
Acciones legales anunciadas
Su abogado, Marcelo Cortés, anunció acciones administrativas y constitucionales. Argumentó que la licencia de funcionamiento es un derecho vigente y que tanto la clausura como una eventual multa podrían representar dos sanciones por un mismo hecho.
Posición del alcalde Iván Quispe
Desde la Alcaldía, el alcalde Iván Quispe ratificó la legalidad de la clausura y anunció una investigación sobre la documentación y los antecedentes del establecimiento. Cuestionó que el negocio afirme tener antigüedad desde 2010 mientras registra pagos de sus obligaciones tributarias correspondientes a varios años concentrados en pocos meses de 2025.
Además, observó que la autorización presentada por Bomberos contemplaría un plan de contingencia para dos plantas, mientras que el contrato o administración del establecimiento correspondería a una sola. Durante la intervención, se evidenció el uso de equipos de amplificación que, según criterio municipal, no corresponden a la actividad declarada como bar.
Próximos pasos en el conflicto
El conflicto ahora se trasladará a las instancias legales anunciadas por los propietarios. Mientras tanto, la Alcaldía prevé revisar no solo el caso del Mónaco, sino también la documentación de otros bares, discotecas y actividades económicas similares. El municipio sostiene que su objetivo es determinar si las autorizaciones fueron otorgadas cumpliendo todos los requisitos establecidos.
Por su parte, los propietarios exigen que se respete la licencia con la que aseguran contar y rechazan que la clausura se base en presunciones o procedimientos que consideran irregulares.
Después de leer
Esta sección propone una forma distinta de interactuar con la información y comprobar qué tan clara quedó la nota.
