Debate para reformar la Constitución cobra fuerza en la Asamblea

El debate por la reforma constitucional en Bolivia

El debate para reformar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE) cobra fuerza en la Asamblea Legislativa de Bolivia. Esto ocurre justo cuando el Gobierno de Rodrigo Paz abre la discusión sobre su nueva Ley de Inversiones, una norma central de su paquete económico.

Propuestas de reforma

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó un primer proyecto que plantea “desconstitucionalizar” 30 artículos, prohibir las nacionalizaciones y restablecer el arbitraje internacional en controversias entre el Estado y los inversionistas. Esta iniciativa se suma a otra anunciada por el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, quien anticipó un proyecto orientado a generar seguridad jurídica en Bolivia, atraer capital extranjero y modificar disposiciones que, según él, frenan las inversiones así aseveró El Deber.

Contexto y objetivos

Las propuestas abren un debate sobre si Bolivia puede modificar el modelo económico construido durante los gobiernos del MAS mediante nuevas leyes o si necesita cambiar la Constitución de 2009. Hasta ahora, Paz optó por la primera ruta y remitió una Ley de Inversiones que no plantea ajustes a la CPE. Este proyecto fue presentado el 13 de agosto ante la Vicepresidencia y se ampara en el artículo 411, que regula la reforma parcial de la Constitución.

El artículo 411 de la Constitución Política del Estado de Bolivia: sirve para explicar cómo se puede cambiar o reformar la Constitución. Establece las reglas exactas sobre quién y de qué forma se pueden modificar las leyes principales del país.

Detalles del proyecto

Alarcón afirmó: “He tomado la posta que ha pasado el Presidente. Hay que generar un liderazgo en la Asamblea Legislativa político e histórico”. Según él, su “ley corta” permitiría “remediar el desastre económico, energético y judicial que nos ha dejado el MAS”. El artículo 411 establece las reglas sobre cómo se pueden modificar las leyes principales del país. Sin embargo, esta reforma requiere un amplio acuerdo político porque necesita dos tercios de los legisladores presentes y debe ser sometida a referéndum.

Artículos implicados en la reforma

La propuesta consiste en incorporar un artículo 412 que permita “desconstitucionalizar” 30 artículos. Estos no desaparecerían, pero sus materias pasarían a regularse mediante leyes especiales aprobadas por dos tercios, sin necesidad de nuevos referendos. A continuación se detallan los artículos implicados:

• Trece artículos corresponden al Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público.
• Diecisiete artículos están relacionados con el modelo económico y sectores estratégicos.

En materia judicial, la reforma abriría la posibilidad de eliminar la elección popular de magistrados y sustituirla por un mecanismo de “designación meritocrática”. El segundo eje incorpora un artículo 413 que prohibiría constitucionalmente “todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión” de inversiones nacionales y extranjeras.

Impacto en las inversiones

Este artículo también permitiría resolver controversias mediante la justicia boliviana o arbitraje nacional o internacional cuando exista acuerdo entre las partes. Alarcón sostuvo: “Esta es la verdadera garantía de fondo. Prohíbes las estatizaciones, nacionalizaciones y habilitas plenamente el arbitraje nacional e internacional”. Además, el proyecto plantea derogar la causal de “traición a la patria” vinculada al régimen de recursos naturales.

Reacciones políticas

Tuto Quiroga anunció que Libre presentará su propia reforma. El expresidente ya había planteado este camino durante la campaña de 2025. Ahora vincula el cambio constitucional con la crisis energética y advierte que, sin nuevas inversiones, Bolivia podría enfrentar mayores problemas de abastecimiento de GLP, gas y electricidad. Su planteamiento coincide con el de Alarcón en cuanto a seguridad jurídica y arbitraje internacional.

Desafíos para el Gobierno

Paz impulsa una Ley de Inversiones y prepara otras normas para hidrocarburos, minería, electricidad y economía verde sin modificar por ahora la Constitución. Alarcón considera insuficiente esa vía y recuerda que Bolivia ya cuenta desde 2014 con una Ley de Inversiones aprobada durante el Gobierno de Evo Morales.

Tensión política en el Legislativo

El intenso debate impulsado por la agenda económica del presidente Rodrigo Paz sobre la necesidad de ejecutar reformas estructurales a la CPE plantea un cambio sustancial en la arquitectura institucional, fiscal y de gobernanza en Bolivia. Este proceso busca introducir reglas estrictas de sostenibilidad fiscal para frenar el déficit y contener el endeudamiento.

Aumento en seguridad jurídica

Además, se busca otorgar mayor seguridad jurídica mediante protección a la inversión privada y arbitraje internacional. También se rediseñarán las competencias de los gobiernos subnacionales para otorgar mayor autonomía en la gestión de sus recursos públicos.

La articulación de estas medidas genera una fuerte tensión política en el Legislativo, donde la viabilidad del proyecto dependerá de lograr amplios consensos entre la apertura hacia la libre iniciativa económica y la preservación de los derechos sociales consagrados en el ordenamiento constitucional actual.