Gobierno pretende agilizar la otorgación de contratos mineros

Reformas del Ministerio de Minería en Bolivia

El Ministerio de Minería en Bolivia impulsa una serie de reformas que buscan simplificar los trámites para obtener derechos mineros, así como combatir la minería ilegal en Bolivia. Según la Agencia de Noticias Ambientales, el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca destacó que uno de los objetivos principales es agilizar la otorgación de los Contratos Administrativos Mineros (CAM), esenciales para brindar seguridad jurídica a las operaciones mineras.

Eliminación de requisitos adicionales

Para facilitar este proceso, el Gobierno eliminó 11 resoluciones ministeriales que imponían requisitos adicionales a los establecidos en la Ley 535. Además, se promueve la digitalización de los trámites administrados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con el fin de reducir tiempos y facilitar la formalización de nuevos proyectos informó La Razón.

Fortalecimiento de mecanismos de fiscalización

El ministro también reconoció que aún existen operaciones que funcionan sin licencia ambiental. Por ello, se plantea fortalecer los mecanismos de fiscalización y estandarizar los requisitos entre las instituciones encargadas de emitir estas autorizaciones. En este sentido, Calderón mencionó el reciente decomiso de 189 kilogramos de oro con documentación falsificada en el aeropuerto de Viru Viru, lo que evidencia fallas en el control interno del comercio.

Uso del mercurio y su impacto ambiental

Otro eje fundamental de la política minera es reducir el uso del mercurio en la minería aurífera, cumpliendo con el Convenio de Minamata. El ministro Calderón indicó que Bolivia busca adoptar tecnologías utilizadas en países como Colombia y Ecuador, que permiten recuperar oro sin emplear mercurio. Esto es especialmente relevante en operaciones donde sea técnicamente viable.

Desafíos en la lucha contra la minería ilegal

Calderón advirtió que combatir la minería ilegal requiere mayores recursos tecnológicos y operativos. El Ministerio propone incorporar monitoreo satelital para detectar actividades ilegales tempranamente. Sin embargo, muchos asentamientos presentan altos niveles de riesgo debido a la presencia de personas armadas, lo que obliga a coordinar intervenciones con la Policía Boliviana y, cuando sea necesario, con las Fuerzas Armadas.

Contexto y desafíos adicionales

A pesar de las reformas propuestas, existen preocupaciones sobre el equilibrio entre la urgencia ecológica y la presión económica. Aunque agilizar la entrega de CAM busca formalizar al sector y frenar la clandestinidad, acelerar los trámites sin una fiscalización rigurosa podría “legalizar” la devastación ambiental.

Auge en la importación de mercurio

• Entre 2013 y 2023, Bolivia importó más de 1.400 toneladas de mercurio.
• Esto ha provocado altos niveles de contaminación por metilmercurio en ríos amazónicos.
• Pueblos indígenas como los Esse Ejja y Tacanas han visto afectada su salud debido a esta contaminación.

Mora procesal en AJAM

La AJAM ha acumulado miles de solicitudes pendientes para emitir CAM. Las cooperativas auríferas y empresas privadas argumentan que esta burocracia las empuja a operar informalmente o realizar extracciones sin Licencia Ambiental ni Consulta Previa a comunidades locales.

Violencia armada en operativos

Las comisiones de fiscalización han enfrentado emboscadas violentas durante operativos contra la minería ilegal. La actividad ha pasado a estar controlada por grupos armados con capacidad logística pesada.

Controversias sobre áreas protegidas

Organismos sociales e indígenas han denunciado presiones para flexibilizar normativas e ingresar a áreas protegidas. La reactivación o flexibilización de derechos mineros en zonas frágiles genera un conflicto entre compromisos estatales de conservación y acuerdos sectoriales con mineros.