Ficha informativa
Los líderes de los bloqueos en Bolivia enfrentan nuevos procesos penales tras un conflicto de 53 días que dejó 16 fallecidos. La denuncia fue presentada por el diputado Edgar Zegarra y ya fue admitida por la Fiscalía.
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Contexto:
El conflicto se originó en mayo de 2026, impulsado por la exigencia de promulgar la ley de elecciones judiciales y la prórroga de magistrados. Sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) se aliaron temporalmente con la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos. El rechazo del Gobierno a las demandas sobre incremento salarial radicalizó las medidas a mediados de mayo. Durante el conflicto, la Federación Túpac Katari bloqueó rutas hacia el altiplano, causando desabastecimiento en La Paz y El Alto.
La captura de Vicente Salazar ocurrió a finales de junio, tras ser identificado coordinando agresiones contra transportistas. El senador Nilton Condori fue señalado como presunto financista y alegó persecución política. Al menos 17 investigaciones se iniciaron de oficio por hechos graves durante el conflicto, como quema de vehículos y ataques a ambulancias.
Por qué importa:
Las consecuencias incluyen una crisis de desabastecimiento, colapso del sistema médico y un impacto económico significativo. La querella busca establecer responsabilidad penal por homicidio culposo relacionado con las muertes ocurridas durante los bloqueos.
Datos clave:
- 53 días de conflicto
- 16 personas fallecidas
- 148 procesos penales activos en siete de los nueve departamentos de Bolivia
- Más de 300 personas bajo investigación formal
- 6 meses de detención preventiva para Vicente Salazar Limachi
- Pena por terrorismo: entre 10 y 15 años de prisión
- Pérdida económica preliminar: más de 3.000 millones de dólares
Procesos penales por bloqueos en Bolivia
Los líderes de los bloqueos de carreteras, que asfixiaron a Bolivia durante un conflicto de 53 días, enfrentan nuevos procesos penales. Esta situación surge tras la denuncia presentada por el diputado Edgar Zegarra (Libre), que ya fue admitida por la Fiscalía.
Denunciados y delitos imputados
Entre los denunciados se encuentran el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el exejecutivo de los campesinos “Túpac Katari”, Vicente Salazar, quien actualmente se encuentra encarcelado por otro proceso. Además, el senador suplente Nilton Condori también está involucrado. Los acusados enfrentan presuntos delitos de organización criminal, homicidio culposo y atentados contra los servicios de transporte y la salud pública.
Consecuencias del conflicto
El saldo trágico del conflicto incluye 16 personas fallecidas debido a la falta de paso para ambulancias y oxígeno en las carreteras del país. En total, 148 procesos penales están activos en siete de los nueve departamentos de Bolivia por los hechos ocurridos durante el conflicto. Más de 300 personas están bajo investigación formal por parte del Ministerio Público.
Detención de Vicente Salazar
Vicente Salazar Limachi cumple seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro. La pena estipulada por el Código Penal boliviano para quienes resulten culpables del delito de terrorismo es de 10 a 15 años de prisión. Durante los 53 días de bloqueos continuos, se paralizaron caminos estratégicos del país entre mayo y junio, generando pérdidas económicas preliminares reportadas por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que superan los 3.000 millones de dólares.
Declaraciones sobre la denuncia
Zegarra declaró a Radio Fides: “Se ha admitido la demanda que hemos presentado a la Fiscalía (…), ya se ha designado a un investigador y han empezado las investigaciones”. Además, enfatizó: “Estos señores han ocasionado luto y dolor en el país con la muerte de más de 16 personas (en los bloqueos)”. También mencionó que han violado derechos humanos, privando a transportistas y vecinos de El Alto y La Paz de alimentación y salud.
Origen del conflicto
El conflicto tuvo su origen en mayo, impulsado por la exigencia de promulgar la ley de elecciones judiciales y la prórroga de magistrados. Sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) se aliaron temporalmente con la COB y los Ponchos Rojos. El rechazo del Gobierno a las demandas sobre incremento salarial radicalizó las medidas a mediados de mayo.
Aislamiento y crisis en La Paz
Durante el desarrollo del conflicto, la Federación Túpac Katari bloqueó las principales rutas hacia el altiplano, aislando la sede de Gobierno. Esto generó una crisis de desabastecimiento en La Paz y El Alto, además de colapsar el sistema médico, con ambulancias varadas en las rutas. La captura de Vicente Salazar ocurrió a finales de junio, cuando fue aprehendido tras ser identificado coordinando agresiones contra transportistas.
Implicaciones legales para los acusados
Un juez dictó su detención preventiva por seis meses debido a riesgos de fuga. El senador Nilton Condori fue señalado como uno de los presuntos financistas de los puntos de bloqueo e intentó activar recursos en la Asamblea Legislativa para evitar su aprehensión, alegando persecución política.
Investigaciones adicionales
La gravedad de las penas es significativa. El delito de terrorismo prevé sanciones severas, con penas que oscilan entre 10 y 15 años. La querella incluye también homicidio culposo, buscando establecer una relación entre las decisiones de los dirigentes y las muertes ocurridas en las carreteras. Actualmente, Vicente Salazar se encuentra recluido en Chonchocoro.
Investigaciones iniciadas por hechos graves
Al menos 17 investigaciones se iniciaron de oficio por hechos graves durante el conflicto, como la quema de vehículos y ataques a ambulancias. El abogado acusador, William Sánchez Peña, argumentó que esta querella busca sentar un precedente para evitar futuros cercos y secuestros en La Paz.
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