Diputada denuncia fallo judicial que favorece a Petrobras

La diputada Adriana Aguirre denunció este martes 14 de julio que un fallo judicial eliminó varias responsabilidades de Petrobras para operar en Bolivia, vulnerando los derechos ambientales en Bolivia. En este contexto, anunció la presentación de un recurso de casación.

Compromiso con la naturaleza

Aguirre lamentó que la naturaleza, siendo sujeta de derecho, sea agredida por las autoridades encargadas de protegerla. Recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el derecho a vivir en un medioambiente sano, protegido y saludable. Además, destacó que las áreas protegidas son un bien común que forma parte del patrimonio natural y cultural del país, lo que implica un régimen de protección.

Impacto del fallo judicial

En ese sentido, la legisladora manifestó que el fallo dictado por el juez agroambiental de Entre Ríos el lunes 6 de julio representa un atentado al régimen jurídico de gestión socio ambiental en materia de hidrocarburos. Según explicó Aguirre, esta orden estableció para Petrobras una obligación genérica para socializar el proyecto de perforación Domo Oso X-3, sin definir claramente el objeto de estas acciones ni los resultados esperados.

Falta de fiscalización y responsabilidad

Aguirre criticó la falta de fiscalización del Estado sobre la labor que debe realizar Petrobras en 30 días. Denunció que no hay supervisión sobre lo que la empresa va a informar ni sobre la profundidad de esta información.

“Lo peor es que se está desconociendo que Petrobras tenga responsabilidades y obligaciones posteriores con las comunidades afectadas si se llega a realizar este proyecto”, afirmó.

Defensa de los derechos territoriales

Según su análisis, este fallo va en contra de la responsabilidad que tiene la justicia ambiental de preservar la flora y fauna de Tariquía. En este sentido, anticipó que los parlamentarios tarijeños, junto a defensores de la naturaleza y activistas, plantearán un recurso de casación para restituir los derechos territoriales de las comunidades afectadas.

Un llamado a la acción

Aguirre enfatizó la importancia de esta acción legal, ya que el fallo no establece ninguna responsabilidad a Petrobras sobre los impactos socio ambientales. “No estamos en contra del desarrollo energético, pero tampoco podemos avalar el desconocimiento y la violación de normas ambientales”, concluyó la legisladora.