Deuda del desayuno escolar de la gestión 2020 genera controversia

Deuda del desayuno escolar en Oruro

La solicitud de la Junta de Distrito de Padres y Madres de Familia de Oruro para esclarecer el destino de 42,6 millones de bolivianos asignados al Alimento Complementario Escolar de la gestión 2020 generó un intercambio de declaraciones entre el presidente de la organización, Pablo Rodríguez, y el concejal Franklin Calizaya.

Demandas de los padres de familia

Los padres exigen conocer el uso de esos recursos y plantean una revisión conjunta. El legislador municipal sostuvo que cualquier petición debe seguir el procedimiento establecido por el reglamento del Concejo Municipal.

Solicitud formal y respuesta del concejal

El viernes, Rodríguez presentó una nota dirigida al concejal Calizaya en la que solicitó información sobre los recursos destinados al desayuno escolar durante la administración del entonces alcalde Saúl Aguilar. El dirigente afirmó que, de los 42,6 millones de bolivianos presupuestados para ese fin, cerca de 21 millones correspondían al pago a la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). Esta obligación, según indicó, nunca fue cancelada, mientras que el destino del monto restante también debe ser aclarado.

Deuda con EBA y consecuencias legales

El representante de los padres recordó que el municipio mantiene una deuda con EBA por aproximadamente 21 millones de bolivianos, correspondiente a la provisión de alimentos durante la pandemia de Covid-19. El pago fue reconocido mediante resoluciones judiciales, pero la demora derivó en una demanda por daños y perjuicios que supera los 6 millones de bolivianos. Este proceso aún se encuentra pendiente de resolución mediante un recurso de casación.

Uso exclusivo de recursos del desayuno escolar

Rodríguez sostuvo que los recursos del desayuno escolar provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y debían destinarse exclusivamente a ese programa. Por ello, pidió al exalcalde explicar el uso de esos fondos. Además, propuso conformar una comisión mixta entre concejales y padres de familia para revisar la ejecución de esos recursos.

Aclaraciones del concejal Calizaya

En respuesta, Calizaya convocó a una conferencia de prensa. Allí señaló que la solicitud presentada no siguió el procedimiento establecido en el reglamento del Concejo Municipal. Explicó que toda petición debe ser ingresada a la Presidencia del ente deliberante para que sea derivada a las comisiones correspondientes y posteriormente considerada por el pleno. Afirmó que la documentación será atendida conforme a la normativa y recalcó que el Concejo tiene funciones de fiscalización y legislación. La administración y ejecución del presupuesto corresponde exclusivamente al Órgano Ejecutivo Municipal.

Pablo Rodríguez reafirma su posición

El concejal también rechazó cualquier interpretación de carácter político y aseguró que la actual gestión actuará con estricto apego a la normativa. Añadió que el Concejo busca recuperar su rol fiscalizador y que las acciones de control se desarrollarán dentro de los mecanismos legales previstos.

Derecho a rendición de cuentas

Poco después, Rodríguez reiteró que la nota fue presentada para que el tema sea tratado por el pleno del Concejo Municipal. Negó que exista una motivación personal contra el exalcalde Saúl Aguilar. Señaló que el único propósito de la solicitud es conocer el destino de los recursos destinados al desayuno escolar, en un contexto en el que las unidades educativas enfrentan carencias de materiales, mantenimiento e insumos.

Asimismo, insistió en que pedir la rendición de cuentas sobre recursos públicos destinados a educación constituye un derecho de los padres de familia. Afirmó que espera que las autoridades presenten la documentación que permita esclarecer el uso de los 42,6 millones bolivianos observados.