Fiscal desvirtúa pruebas de amenazas a una periodista y libera de proceso a dos agresores

Fiscal desvirtúa pruebas de amenazas a periodista en Yapacaní

Yapacaní (Santa Cruz), 12 de julio de 2026 (ANP) – La reciente decisión de un fiscal en Yapacaní ha generado controversia y preocupación en el ámbito periodístico. “Soledad Prado estás jugando con fuego… No creo que quieras estar de luto por decir cosas que no son”, es uno de los mensajes amenazantes que un Fiscal de Materia consideró insuficiente para procesar a dos individuos que amenazaron a la periodista, quien dirige la página informativa “InfoYapacaní” y es corresponsal del periódico El Deber.

El testimonio de Soledad Prado

La periodista Prado relató a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que, debido al temor generado por las amenazas, se vio obligada a mudarse. A pesar de presentar como prueba los mensajes intimidatorios escritos por los agresores en Facebook, el fiscal dispuso el sobreseimiento de G. Apata A. y M. Yucra A., argumentando que no existían elementos probatorios suficientes.

Contexto de las amenazas

Las advertencias surgieron tras que Prado denunciara a seguidores del expresidente Evo Morales como responsables de acciones que inquietaron a la población local, ubicada a 104 kilómetros de la capital cruceña, el 8 de junio de 2025. En su declaración, G. Apata A. admitió haber escrito los mensajes desde el teléfono móvil de su esposa y luego utilizó su propio dispositivo para emitir advertencias contra Prado.

La respuesta del agresor

“…Quiero pedir disculpas a la periodista y a toda su familia por el comentario que hice en Facebook… lo tomé como una broma pero nunca pensé que iba a llegar a tanto…”, expresó el principal responsable ante un policía asignado al caso.

Justificación del fiscal

El Fiscal David Soliz fundamentó su decisión indicando: “Que desde la óptica doctrinal y normativa, no es equiparable una advertencia o un comentario mediático con una amenaza de muerte real e inminente”. Esta resolución, emitida el 26 de junio de 2026, decreta el sobreseimiento “por no existir suficientes elementos de convicción (probatorios) para fundar una acusación en su contra”.

Reacción de la ANP

Mabel Antezana, asesora legal de la ANP, recordó que las amenazas están tipificadas como delito dentro de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta ley considera toda expresión verbal o escrita que ofenda la dignidad, honra y nombre de una mujer como violencia. Antezana lamentó la negligencia observada durante la investigación.

Preocupación por la impunidad

La ANP expresó enérgica protesta ante esta resolución, señalando que no contribuye a evitar la impunidad en los casos de agresiones a periodistas. Desde 2008, no se conocen sanciones contra agresores de periodistas, lo cual pone en tela de juicio la labor tanto de fiscales como jueces.

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La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reporta agresiones a periodistas y medios desde hace 18 años, y sus noticias están destinadas a la difusión en medios informativos. La organización de periódicos independientes desaprueba toda forma de apropiación de datos e imágenes destinada a informes de ONG y fundaciones en Bolivia, sin autorización previa.