Gobierno emite norma de emergencia ante crisis de botaderos

Normativa de emergencia en Bolivia

El Gobierno emitió una nueva norma de emergencia debido al fracaso en el cierre de botaderos, cuyo plazo feneció el pasado 18 de mayo. Esta medida tiene como objetivo frenar la contaminación descontrolada mediante planes de mitigación y un plan de cierre técnico o adecuación.

Resultados del cierre de botaderos

Según un reporte del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, solo 15 de los 343 municipios del país lograron el cierre técnico de sus botaderos. Además, siete están en proceso de habilitación de rellenos sanitarios. Esto significa que solo el 5% de los gobiernos municipales cumplió con la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, emitida en 2015, que establece que todos los botaderos a cielo abierto debían ingresar a un proceso de clausura y saneamiento ambiental en un plazo de cinco años.

Modificaciones y nuevas regulaciones

El exdirector de Gestión Integral de Residuos del Viceministerio, Vladimir Gutiérrez, explicó que para ampliar el plazo para el cierre de botaderos era necesario realizar modificaciones a la Ley 755. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua emitió una norma que establece medidas para que los municipios ingresen a procesos de cierre, siempre que cumplan con las condiciones para su rehabilitación.

La Resolución Ministerial 368/2026, emitida en mayo de 2026, establece un marco regulatorio para la adecuación progresiva y condicionada. Esta norma permite a los municipios continuar usando botaderos temporalmente, siempre y cuando presenten un cronograma de mitigación y un plan de cierre técnico o rehabilitación a relleno sanitario.

Puntos clave para la adecuación

• Extensión operativa que faculta a los gobiernos municipales a operar sitios de disposición final temporalmente bajo estrictos lineamientos técnicos.
• Requisitos técnicos obligatorios para acogerse a esta adecuación.
• Protocolos de monitoreo para aguas subterráneas.
• Sistemas de recolección de lixiviados y manejo de gases como el metano.
• Clasificación de residuos de riesgo.

De acuerdo con datos del Viceministerio, los botaderos se dividen en: riesgo bajo (20,6%, aptos para reconvertirse a rellenos sanitarios) y riesgo moderado a alto (66,8%, obligados al cierre definitivo). La Resolución Ministerial obliga a los gobiernos municipales a elaborar y presentar ante las autoridades ambientales departamentales el plan de adecuación y cierre técnico. Además, deben demostrar capacidad financiera para cubrir los costos de remediación y mantenimiento poscierre.

Factores que impiden el cumplimiento

Gutiérrez identificó cuatro factores que impidieron que los municipios cumplieran con los plazos para el cierre de sus botaderos:

• Limitaciones presupuestarias y falta de asignación de recursos económicos.
• Falta de lugares adecuados para implementar infraestructuras.
• Problemas de legitimidad de terrenos a favor de los gobiernos municipales.
• Conflictos sociales que dificultan la implementación de proyectos.

Gutiérrez afirmó a La Razón: “Se aplica el efecto Not In My Back Yard (No en mi patio trasero) que genera una fuerte resistencia”. En cuanto a la industrialización de la basura, consideró que “no puede haber industrialización sin un tratamiento adecuado”.

Crisis sanitaria por el incumplimiento

Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua reveló que solo el 12,2% de 343 municipios cuenta con rellenos sanitarios, mientras que el 85% utiliza botaderos. Bolivia genera al menos 10.000 toneladas de basura al día, lo que equivale a un promedio aproximado de 1 kilogramo por persona diariamente. Más del 80% de estos residuos son producidos en áreas urbanas y terminan en botaderos a cielo abierto sin tratamiento técnico adecuado.

Causas del colapso institucional

Aparentemente, el fracaso gubernamental en el cierre de botaderos ha generado una crisis sanitaria en Bolivia: el 95% de las alcaldías violó la ley al mantener activos cientos de basurales clandestinos que contaminan el agua subterránea y el aire. Ante este colapso institucional y ambiental, el Gobierno se ha visto obligado a emitir una normativa para forzar la creación de rellenos mancomunados e industrializar la basura, bajo la amenaza de auditorías ambientales a los municipios infractores.

Historia reciente del manejo residuos

La crisis actual no es reciente; es resultado de plazos incumplidos y conflictos sociales que se arrastran desde hace más de una década. Los eventos previos incluyen:

• Promulgación de la Ley 755 (2015), que obligó a clausurar botaderos a cielo abierto.
• Activación del Cronograma Fatal (2021), que estableció un plazo improrrogable para el cierre técnico.
• Traspaso de competencias ministeriales (2025) al Ministerio de Desarrollo Productivo para una gestión más centralizada.

El colapso en mayo/junio del 2026 del vertedero K‘ara K’ara en Cochabamba desató bloqueos por parte de vecinos. Con base en información registrada entre 2017 y 2022, se estima que el 84,2% del total generado proviene de domicilios. Los departamentos que concentran el mayor volumen son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En las ciudades capitales, la generación alcanza 5.206 toneladas por día, siendo Santa Cruz la ciudad con mayor concentración con 1.900 t/día.