La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado el proyecto de Ley 192, que modifica la Ley 1352. Esta modificación obliga a las autoridades salientes a permanecer en el país durante 6 meses después de dejar su cargo. El objetivo principal de esta medida es reforzar la fiscalización de los recursos públicos. La ley afecta a altos funcionarios del Gobierno central, gobernadores, alcaldes, asambleístas y directivos de empresas públicas o privadas que administren fondos estatales.
Detalles de la modificación
Con esta nueva ley, se duplica el tiempo de arraigo que anteriormente era de 3 meses, un plazo que estaba vigente desde el año 2020. Ahora, los exfuncionarios deberán estar localizables en territorio nacional durante un periodo de medio año. Además, el texto aprobado especifica que también estarán sujetos a esta restricción los concejales municipales. La ley incluye a los directivos de empresas públicas o instituciones privadas que manejen dinero del Estado, asegurando que nadie que haya administrado recursos fiscales pueda salir del país sin antes rendir cuentas.
Argumentos a favor de la ley
El argumento principal detrás de esta ampliación es la transparencia y la lucha contra la impunidad. Durante la sesión, legisladores como Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señalaron que en transiciones pasadas se detectó que las autoridades salientes “ocultaron información” o entregaron informes técnicos incompletos justo antes de dejar el poder. Al ampliar el plazo de permanencia a 6 meses, se busca otorgar al nuevo gobierno y a las entidades de control el tiempo suficiente para realizar auditorías profundas y detectar posibles irregularidades que antes quedaban ocultas por la brevedad del tiempo.
Postura en el debate
El debate en el pleno reflejó una postura de firmeza por parte de la mayoría parlamentaria, alcanzando más de 2/3 de los votos. Aunque algunos sectores propusieron medidas incluso más severas, la mayoría coincidió en que 6 meses es un plazo equilibrado para garantizar la presencia de los exservidores públicos ante cualquier requerimiento judicial o administrativo. Con esta media sanción, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores.
Próximos pasos legislativos
En la Cámara de Senadores se definirá si esta nueva regla de permanencia obligatoria se convierte finalmente en ley para todo el territorio nacional. La aprobación de esta ley podría marcar un cambio significativo en la forma en que se manejan los recursos públicos en Bolivia, buscando mayor transparencia y responsabilidad por parte de quienes han ocupado cargos públicos.
