Doctrina urbana… “estamos secuestrados”

Por Ascanio J. Nava Rodriguez

Desde la doctrina del ciudadano de a pie y de la teoría de resolución de conflictos es importante hacer una distinción: un conflicto social, por grave que sea, no es automáticamente equiparable al terrorismo o al secuestro, aunque ciertas conductas concretas dentro de una protesta o bloqueo puedan constituir delitos graves.

Jurídicamente, cada conducta debe analizarse conforme a la ley y al debido proceso.

Dicho esto, el impedimento de paso de ambulancias, corte deliberado de oxígeno para hospitales, desabastecimiento de alimentos, uso de explosivos, agresiones a civiles y privación prolongada de la libre circulación; el problema deja de ser únicamente un ejercicio del derecho a la protesta y entra en colisión con derechos fundamentales de millones de personas. La propia Constitución reconoce el derecho a la libre circulación en todo el territorio nacional, Artículo 21, numeral 7 de la (CPE).

¿Qué aconseja la teoría de resolución de conflictos?

En negociación de crisis existe un principio clásico: no se debe premiar la coacción ilícita. Cuando un actor obtiene beneficios mediante violencia, toma de rehenes, sabotaje o coerción extrema, se crea un incentivo para repetir la conducta. Sin embargo, ello tampoco significa responder con fuerza indiscriminada. La doctrina moderna recomienda:

Mantener abiertos canales de diálogo. Separar a los dirigentes negociadores de quienes cometen delitos. Garantizar corredores humanitarios. Restablecer gradualmente el orden público mediante medios legales y proporcionales. Procesar judicialmente las conductas criminales individuales.

¿Qué herramientas constitucionales tiene Bolivia?

La Constitución establece que, frente a una situación de conmoción interna o peligro para la seguridad del Estado, el Presidente puede declarar un estado de excepción, sujeto a control legislativo posterior. Incluso en ese escenario no pueden suspenderse los derechos fundamentales ni las garantías esenciales.

Además, el ordenamiento jurídico boliviano reconoce la libre circulación y prohíbe la interrupción arbitraria del tránsito por particulares sin autorización de la autoridad competente.

¿Qué permitiría un desbloqueo sin generar calamidades?

Desde una perspectiva constitucional y de gestión de crisis, una estrategia compatible con el Estado de Derecho incluiría:

Apertura inmediata de corredores humanitarios para ambulancias, oxígeno, medicamentos y alimentos. Intervención policial focalizada en los puntos críticos donde exista riesgo para la vida. Uso gradual y proporcional de la fuerza, bajo control judicial y fiscal. Identificación y procesamiento de quienes utilicen explosivos, agredan personas o impidan servicios esenciales. Protección de hospitales, plantas de oxígeno, terminales de abastecimiento y vías estratégicas. Documentación exhaustiva de los hechos para evitar abusos tanto de los bloqueadores como de las fuerzas estatales.

El problema jurídico central

En un Estado constitucional, el derecho a la protesta no es absoluto. Tampoco lo son la libertad de expresión o de reunión. Cuando el ejercicio de un derecho destruye o anula derechos fundamentales de terceros —vida, salud, abastecimiento, libre tránsito o acceso a servicios básicos— corresponde al Estado restablecer el equilibrio y proteger a la población.

Por ello, si efectivamente una ciudad como La Paz y ahora otras ciudades permanecen aisladas durante semanas, con afectación a hospitales, alimentos y servicios esenciales, la discusión jurídica deja de ser únicamente sobre protesta social y pasa a ser sobre la obligación constitucional del Estado de garantizar simultáneamente el orden público, la libre circulación, la salud y la seguridad de toda la población, aplicación de los Artículos 138 al 141 de la (CPE). Tiene la palabra el presidente y el gobierno.