Ficha informativa
Legisladores de Bolivia debaten sobre un posible estado de excepción tras la abrogación de la Ley 1341. Algunos lo ven como una herramienta para mantener el orden, mientras otros advierten sobre posibles represiones y consecuencias violentas.
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Contexto:
La abrogación de la Ley 1341 ha generado un intenso debate entre legisladores. La diputada Sandra Rivero enfatizó la importancia del diálogo y mediadores, mientras que el diputado José Maldonado destacó que la libre transitabilidad está en la Constitución. El senador Nilton Condori criticó la abrogación y advirtió sobre una posible guerra civil.
El Presidente Rodrigo Paz afirmó que no se contempla un estado de excepción y seguirá promoviendo el diálogo con los sectores movilizados.
Por qué importa:
Las posturas divididas podrían llevar a un aumento en las tensiones sociales. Algunos legisladores prevén escenarios violentos, mientras otros buscan soluciones pacíficas a través del diálogo.
Datos clave:
- Fecha: 27 de mayo de 2026
- Nombre de la ley abrogada: Ley 1341
- Autoridad mencionada: Presidente Rodrigo Paz
Tras la abrogación oficial de la Ley 1341, el debate por un posible estado de excepción en Bolivia ha escalado. Algunos legisladores declararon este miércoles 27 de mayo que esta medida debe comprenderse como una herramienta para poner orden. Sin embargo, otros consideran que la intención del gobierno es tener una “carta blanca” para reprimir a manifestantes con policías y militares.
Prioridad del diálogo
La diputada Sandra Rivero enfatizó que, independientemente de la posibilidad de un estado de excepción, la prioridad debería seguir siendo el diálogo. Además, sugirió apoyarse en mediadores como la iglesia, Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y las nuevas autoridades: gobernadores y alcaldes.
Ante un posible estado de excepción, Rivero consideró que tanto policías como militares deberían enfocarse en mantener el orden y no en la represión. Esto es crucial para no romper el estado de derecho mientras se busca recuperar el orden en las carreteras cortadas y los departamentos afectados.

Dependencia del Ejecutivo
El diputado José Maldonado explicó que, tras la abrogación de la ley en el Parlamento, dictar un estado de excepción depende únicamente del Ejecutivo. En este sentido, enfatizó que la libre transitabilidad está contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE). Cuando esta no se cumple, como actualmente por los bloqueos, el gobierno tiene esta herramienta para recuperar el orden.
Maldonado afirmó que lo que menos se busca es que el problema crezca. Por ello, remarcó la importancia de seguir llamando al diálogo. Sin embargo, lamentó que esta situación ya haya rebasado la seguridad del pueblo boliviano.

Crisis y confrontación
A estas posturas se contrapone la opinión de diputados que están completamente en contra de un posible estado de excepción. Algunos vaticinan escenarios violentos para el país. El senador Nilton Condori criticó a los legisladores por permitir la abrogación de la Ley 1341 y advirtió que esta medida provocará una confrontación mayor.
Condori afirmó: “Cualquier momento va a dictar estado de excepción, eso significa que en Bolivia posiblemente se va a desatar una guerra civil, una revolución sangrienta. La solución pasará por la renuncia del Presidente Rodrigo Paz”, declaró el legislador.

Tranquilidad y diálogo
Por su parte, el diputado Daniel Fernández aseguró que la gente quiere tranquilidad, trabajar y realizar sus actividades libremente. No obstante, consideró que la abrogación de la Ley 1341 fomentará la confrontación y atentará contra la seguridad de los movilizados.
Fernández mencionó que ahora la gente tiene susceptibilidad e incluso critica a los legisladores por haber permitido dicha abrogación. Sin embargo, pidió agotar las instancias de diálogo para lograr una solución pacífica al conflicto.

Contexto legislativo
La Cámara de Diputados abrogó la Ley 1341 que regulaba los estados de excepción. Horas después, esta iniciativa fue promulgada por el Ejecutivo; sin embargo, el Presidente Rodrigo Paz afirmó que un estado de excepción no estaba contemplado y que seguiría llamando a dialogar a los sectores movilizados.
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