Tras doce horas de audiencia cautelares a cuatro militares involucrados en el caso Huayllani, en pasadas horas el Juzgado de Sacaba determinó detención preventiva de cuatro meses para los imputados Pablo G. e Iván P. I., en el penal de San Pedro de La Paz.
“A mi defendido, Pablo Guerra, le dieron cuatro meses de detención preventiva, obviamente nosotros vamos a apelar, señaló el abogado Giomar Ávila.
Para los coimputados, Aldo B. y Moisés M., el juez determinó detención domiciliaria con custodios y una fianza juratoria de 150 mil bolivianos, informaron los abogados defensores.
Además, el almirante Aldo Bravo tiene detención preventiva en la cárcel de Mocoví, Beni, por el caso Senkata, y tendrá que volver para ser recluido.
“Con relación a Mejía y a mi cliente Aldo Bravo, se ha determinado detención domiciliaria y fianza, este proceso da para largo, pero el juez ha obrado bien. Todos hemos apelado esta decisión y esperaremos el resultado de esta apelación”, manifestó el abogado de Bravo, Sergio Sanjinés.
Cargos
Los cuatro militares fueron imputados por los supuestos delitos de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato en el puente Huayllani, de Sacaba, en noviembre de 2019, donde fallecieron 12 personas por armas de fuego y otras 125 resultaron heridas durante las intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas.
El tecuente jueves, los abogados de los militares señalaron que existen vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales, entre ellos señalaron que no se está garantizando el debido proceso, no se cumplen los tiempos procesales y se está atentando contra la salud de los imputados.
Por su parte, los familiares de las víctimas reclaman por la demora en las investigaciones y anticipan una marcha hasta la ciudad de Sucre.
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