La crisis por la distribución de combustible de mala calidad en Bolivia ha llegado al ámbito judicial. Transportistas de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, junto con representantes parlamentarios, han presentado una serie de demandas penales contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y altos funcionarios del Estado.
Los demandantes exigen reparación por los daños materiales y una compensación económica por las averías mecánicas que han sufrido miles de vehículos y motocicletas en todo el país.
Adhesión de transportistas
En Tarija, el sector del Transporte Libre ha confirmado su apoyo a una demanda penal nacional. Acusan directamente a YPFB Logística y a la ANH de negligencia técnica. Según el dirigente Luis Casso, las autoridades “no supieron realizar la mezcla correcta de etanol y gasolina”, lo que ha causado daños severos en las válvulas de los motores.
La tensión social se refleja en bloqueos de vías y concentraciones frente a instalaciones estatales. Dirigentes en La Paz han lanzado un ultimátum: si no se establece una mesa de diálogo antes del 8 de febrero de 2025, el sector comenzará una huelga indefinida.
Acciones en Oruro
En Oruro, los transportistas han decidido mostrar públicamente las piezas mecánicas dañadas como evidencia del perjuicio económico que han sufrido. Esta acción busca visibilizar el impacto de la crisis en sus operaciones diarias.
Paralelamente, el senador Leonardo Roca, de la alianza Libre, ya ha formalizado una denuncia penal ante el Ministerio Público. Su objetivo es establecer responsabilidades y gestionar el resarcimiento de daños. Roca ha instado a la ciudadanía a recolectar facturas y recibos de talleres mecánicos para cuantificar el daño patrimonial.
Declaraciones de YPFB
“Nadie puede lucrar a costa del bolsillo y el trabajo de la gente”, afirmó el legislador, enfatizando que la justicia debe garantizar que el Estado asuma el costo de las reparaciones.
Por su parte, el presidente de YPFB, Yussef Akly, ha intentado generar tranquilidad al asegurar que el inconveniente técnico ya ha sido identificado y “aislado de todo el sistema”. Según el ejecutivo, la gasolina que se distribuye actualmente en los surtidores cumple con los parámetros de calidad requeridos, por lo que los usuarios pueden cargar combustible “sin temor”.
Espacios de diálogo
Akly ha confirmado que se han abierto “espacios de conversación” con transportistas y mototaxistas en Santa Cruz y el occidente del país para escuchar sus inquietudes. Sin embargo, la estatal petrolera se ha mantenido cauta respecto al resarcimiento económico, indicando que cualquier compensación deberá pasar por un análisis técnico individualizado para determinar si el daño fue efectivamente causado por el combustible.
