Una denuncia por presunto sobreprecio en la compra de un terreno y la construcción del edificio de la Aduana Nacional de Bolivia en Tarija ha dado lugar a una investigación que sugiere la existencia de una posible red de corrupción. Esta red tendría vínculos familiares entre exautoridades de la entidad y empresas privadas. El caso está siendo seguido de cerca por el Viceministerio de Transparencia y ya ha sido admitido por el Ministerio Público.
Daño económico al Estado
El viceministro de Transparencia, Yamil García, ha informado que el daño económico al Estado se estima en aproximadamente Bs 10 millones. Esto se relaciona con una obra cuyo costo total fue de alrededor de Bs 27 millones. Según la denuncia, tanto la compra del terreno como la ejecución de la infraestructura se habrían realizado a precios superiores al valor de mercado.
Conexiones familiares en la investigación
García ha señalado que, tras la denuncia inicial, se ha recibido información adicional que podría revelar conexiones entre altas exautoridades de la Aduana de gestiones anteriores y representantes de empresas constructoras. Algunas de estas empresas tienen lazos de parentesco con las exautoridades. Esta información está siendo procesada y la investigación podría ampliarse en los próximos días.
Denuncia contra exautoridades
La autoridad ha confirmado que la Fiscalía ha admitido la denuncia presentada contra la expresidente de la Aduana, Karina Serrudo. Esta denuncia incluye los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. En el mismo proceso también están involucrados representantes de la Sociedad Accidental Guadalquivir y de la empresa que vendió el terreno en Tarija.
Irregularidades en la licitación
Según las investigaciones, los hechos se remontan a febrero de 2017, cuando se lanzó la licitación para la compra de un terreno destinado a un recinto aduanero. Tras dos procesos anulados, en el tercero se adjudicó la compra por Bs 2.760.000, a pesar de que existía otra oferta por Bs 1.800.000. Esta situación ha sido identificada como una primera irregularidad en el proceso.
La investigación también está analizando el costo de la construcción. De acuerdo con el Viceministerio de Transparencia, un análisis de mercado ha establecido que el precio referencial del metro cuadrado en la zona era de aproximadamente 300 dólares. Sin embargo, la empresa contratada aparentemente cobró cerca de 1.000 dólares por metro cuadrado, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.
Documentación del terreno
Otro aspecto cuestionado es que el terreno adquirido no contaba con la documentación saneada al momento de la compra. Aunque el contrato estipulaba un plazo de 25 días para la entrega de los papeles, el saneamiento se concretó recién dos años después de la compra.
García ha indicado que la investigación no se limitará a las personas inicialmente denunciadas. Se ampliará a funcionarios que formaron parte de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación y las áreas legal y de supervisión, quienes fueron responsables del proceso de licitación y ejecución de la obra.
Responsabilidades en la corrupción
Las indagaciones buscan determinar las responsabilidades en presuntos hechos de corrupción que habrían beneficiado a empresarios y familiares de exautoridades. Este caso pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública y el control de las obras estatales.
