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“Narcomaletas”: Fscalía solicita detención preventiva del juez Zeballos por 180 días

Guardia de seguridad aprehendido en el galpón con droga./RRSS
La Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas pide 180 días de detención para el juez Zeballos tras hallar armas y 80 kilos de marihuana en su empresa asociada.

La Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas ha solicitado la detención preventiva del juez Hebert Zeballos por un periodo de 180 días. Esta solicitud se produce tras el hallazgo de armas y 80 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado el 20 de enero de 2026 en la empresa de seguridad Ebose S.R.L., ubicada en Santa Cruz. La audiencia cautelar se llevó a cabo este domingo a las 10:30 horas.

Detalles del allanamiento

Entre los elementos clave de la imputación se encuentran las armas de fuego y cerca de 80 kilos de marihuana, que estaban presentes tanto en estado sólido como líquido. Las investigaciones apuntan a que el juez Zeballos sería el principal socio capitalista de la empresa en cuestión. Durante el operativo policial, se identificó a un guardia de seguridad que mostró una actitud sospechosa y nerviosa, lo que llevó a realizar una requisa exhaustiva del inmueble.

En uno de los ambientes, los efectivos policiales detectaron un fuerte olor a marihuana y sustancias químicas. Esto motivó la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que confirmó la presencia de grandes cantidades de droga. Otro aspecto relevante es la documentación empresarial y personal hallada en el lugar, que vincularía directamente al magistrado con la empresa intervenida.

Declaraciones y pruebas

Además, el vigilante aprehendido declaró que Zeballos sería el propietario del negocio y que fue contratado por un tercero que le indicó que el juez era el responsable de la empresa de seguridad. La Fiscalía también ha establecido una relación directa entre la droga incautada y el ingreso al país de 32 maletas, aunque la Aduana reportó oficialmente 31, provenientes de Estados Unidos y transportadas en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto internacional de Viru Viru.

Este hecho ha dado origen al caso conocido como “narcomaletas”, en el que también se investiga a la exdiputada y actual candidata a concejal Laura R. Esta última ya ha sido citada a declarar por el Ministerio Público. El juez Zeballos fue aprehendido tras presentarse voluntariamente ante la Felcn y actualmente se encuentra en celdas policiales. Durante su declaración informativa, optó por acogerse a su derecho constitucional al silencio.

Imputación y defensa

El fiscal Julio César Porras explicó: “El señor Zeballos fue inicialmente convocado en calidad de testigo. Hizo uso de su derecho a no declarar; sin embargo, tras el análisis de los indicios y la documentación recolectada, se decidió ampliar la investigación y proceder con su aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”.

Según la imputación formal, el juez es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, todos tipificados en la Ley 913 y el Código Penal. El Ministerio Público argumentó que existe un riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, fundamentos que sustentan la solicitud de detención preventiva en Palmasola.

Situación del abogado defensor

El abogado defensor, Diego Coimbra, confirmó que fue notificado para la audiencia cautelar ante el Juzgado de Instrucción Penal 12 y anunció que solicitará la libertad del juez Zeballos. El jurista cuestionó la imputación presentada por el Ministerio Público, afirmando que no existen elementos objetivos que vinculen directamente al juez con los delitos investigados.

“Si bien se está solicitando detención preventiva por tráfico de sustancias controladas, no hay ningún elemento concreto atribuible al juez Hebert Zeballos”, sostuvo Coimbra. La audiencia cautelar también determinará la situación jurídica del guardia aprehendido durante el operativo. Este caso es considerado sensible institucionalmente debido a la presunta implicación de un operador judicial en una red vinculada al narcotráfico y al ingreso irregular de equipaje desde el exterior.


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