Los empresarios han expresado su preocupación por los efectos negativos que podría tener el aumento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300. En este contexto, han solicitado al Gobierno que se respeten los derechos de su sector y que se implementen medidas de mitigación para prevenir cierres de empresas y despidos de trabajadores.
Preocupación empresarial
Giovanni Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que el porcentaje del aumento al Salario Mínimo ha generado inquietud en empresas de todos los rubros y regiones. Este incremento pone en riesgo la estabilidad y la capacidad de miles de unidades productivas y comerciales, que enfrentarán enormes dificultades para absorber el aumento decidido por el gobierno.
Ortuño destacó que las empresas ya están lidiando con una disminución sostenida de la demanda interna, el impacto de conflictos sociales recientes, deudas impagas y la acumulación de obligaciones de fin de año. La situación se complica aún más con este aumento al salario mínimo y la próxima negociación sobre el haber básico, lo que genera mayor preocupación e incertidumbre entre los empresarios.
Solicitud de reunión
Ante esta situación, los empresarios han solicitado al Ministro de Trabajo una reunión para discutir la reglamentación de dos artículos del Decreto 5516. Uno de estos artículos se refiere al incremento del Salario Mínimo Nacional y el otro establece la negociación del salario entre empleadores y trabajadores, ya sea de manera individual o colectiva.
Según una nota de prensa de la CEPB, se propondrá al gobierno nacional que, en la redacción del reglamento y en la definición de lineamientos para la negociación del salario mensual con los trabajadores, se respeten los derechos del sector empresarial. Además, se espera que se considere la situación precaria que enfrentan las empresas para evitar cierres y despidos.
Medidas de mitigación necesarias
Ortuño enfatizó la necesidad de generar medidas de mitigación. También subrayó la importancia de cambiar la práctica de imponer porcentajes mínimos de negociación y condiciones inequitativas que distorsionan la relación entre trabajadores y empresarios. El objetivo es proteger el empleo, la productividad y la estabilidad de las fuentes de trabajo.
“Esa es nuestra primera obligación como dirigencia empresarial”, concluyó Ortuño, reafirmando el compromiso de los empresarios con la estabilidad laboral y la salud económica del país.
