Ante el aumento del precio del pan de batalla en varios puntos de venta de Oruro, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) ha intensificado los controles en los principales mercados de la ciudad. Esta medida busca proteger el bolsillo de los ciudadanos y asegurar que se cumplan los precios y pesos establecidos para este producto básico de la canasta familiar.
Controles en mercados estratégicos
El secretario general del GAMO, Julio Cepeda, informó que desde las 07:00 de la mañana se llevaron a cabo inspecciones en mercados clave como el Campero y el Bolívar. Durante estas revisiones, se encontró que algunos comerciantes estaban vendiendo el pan de batalla a 0,80, sin contar con la autorización técnica ni legal necesaria.
El personal municipal verificó el precio, el peso y la calidad del pan, confirmando que el precio oficial se mantiene en 0,50, con un peso establecido de 60 gramos. “No existe normativa alguna que autorice elevar el precio de 0,50 a 0,80 centavos”, enfatizó Cepeda.
Acciones contra infractores
La Guardia Municipal, en colaboración con comisarios y la Unidad de Defensa del Consumidor, notificó a los comerciantes que estaban infringiendo la normativa. La autoridad advirtió que, en caso de reincidencia, se aplicarán sanciones conforme a la normativa vigente, que pueden incluir la clausura de los puntos de venta.
El GAMO también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier venta de pan a más de 0,50 ante las instancias municipales correspondientes.
Posición de los panificadores
Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Panificadores Artesanales de Oruro (Fedepanor), Rogelio Yave, reiteró que el aumento en el precio del pan fue una decisión tomada por sus bases, justificando el incremento por el alza en el costo de los insumos.
Yave aseguró que el sector panificador ha intentado en varias ocasiones reunirse con las autoridades municipales para llegar a un acuerdo sobre un precio oficial. Sin embargo, en uno de esos encuentros, se les indicó que el GAMO no tiene la facultad para fijar precios. Por ello, pidió una mayor coordinación institucional para lograr un acuerdo que beneficie tanto a productores como a consumidores.
