Un juez de provincia fue aprehendido el 12 de junio de 2025, lo que dio inicio al caso conocido como “consorcio”. Este caso involucra una presunta red de influencias que abarca a un exministro, así como a ex y actuales magistrados, vocales, jueces y fiscales en Bolivia. La investigación pone de manifiesto un entramado de poder y disputas internas dentro de la administración de justicia, centradas en la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira.
Los antecedentes de este caso se remontan a enero de 2025, cuando Yvan Córdova asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Según las declaraciones obtenidas por la agencia de noticias Erbol, su nombramiento intensificó una pugna entre el entonces ministro de Justicia, César Siles, y la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira. “La designación del nuevo presidente me la hizo conocer el Dr. Alan Z. (…) donde me detalló que hubo una confrontación entre el ministro César Siles y la Dra. Fanny Coaquira sobre la designación del presidente”, declaró la exvocal del TDJ, Claudia Castro, ante el Ministerio Público.
Los testimonios indican que Córdova era visto como cercano a Siles. En 2023, fue nombrado subprocurador de Supervisión e Intervención y posteriormente elegido vocal. El 14 de enero de 2025, tomó la presidencia del TDJ. Castro mencionó que Erika V. le indicó que la designación fue resultado de un acuerdo entre el magistrado Juan Carlos Berríos y Siles, con el fin de evitar una supuesta “inestabilidad”. La elección de Córdova generó una división en el TDJ, creando dos bloques: uno afín a Siles y otro que respaldaba a Coaquira.
El plan para destituir a Coaquira
Según Castro, los vocales cercanos a Córdova mostraban inquietud ante las auditorías que Coaquira había promovido contra autoridades designadas en 2024, lo que llevó a un plan para destituirla. “Pienso que como se vio eran temas políticos. Yo no fui del grupo de ellos”, afirmó Coaquira en declaraciones desde la sede de Gobierno. Esta confrontación se manifestó en agendas paralelas y decisiones tomadas fuera de la línea institucional.
Un momento crítico ocurrió cuando Coaquira convocó a una reunión de emergencia en el piso 9 de los juzgados y encargó a Margot Pérez la coordinación del descongestionamiento carcelario, lo que generó descontento en la presidencia del TDJ. Según Castro, comenzaron a llevar a cabo reuniones con representantes del Ministerio Público para concretar la destitución de Coaquira. Después del Carnaval, el grupo se reunió en el piso 7 del Shopping Norte; entre los asistentes estaban Yvan Córdova e Iván Campero.
Reuniones y propuestas
Durante ese encuentro, Campero sugirió desarchivar un proceso penal contra Coaquira y contactó al fiscal departamental para revisar el caso; sin embargo, luego negó haber hecho esa propuesta. También se mencionaron certificados falsificados según los testimonios. Mientras tanto, Coaquira trasladó su personal a Sucre para impulsar procesos externos sobre la docencia de Campero, con el objetivo de inhabilitarlo como suplente.
En mayo de 2025, se obtuvo una certificación relacionada con Siles que indicaba que Coaquira no había ejercido docencia en la Universidad Bolivariana, a pesar de haber presentado ese documento durante su postulación como magistrada. “Esta persona le indicó al Dr. César Siles que la Dra. Fanny Coaquira nunca dio docencia (…) pero que el rector le habría extendido el certificado por un grado de amistad”, declaró Castro.
Acciones judiciales contra Coaquira
Con este contexto, el bloque de Córdova decidió impulsar un proceso penal por uso de instrumento falsificado y una acción para cesar a Coaquira de su cargo. Campero expresó su desacuerdo, aunque admitió haber participado en reuniones; Castro afirmó que él propuso a Orlando Rojas como suplente. La estrategia adoptada fue una acción judicial; mientras unos redactaban el recurso, otros buscaban al juez que lo resolviera.
En este punto, apareció Fernando Lea Plaza, quien mostró interés en trasladarse debido a conflictos laborales. En su declaración ampliatoria del 29 de julio, afirmó haber sido presionado para fallar a favor de Castro en un amparo constitucional en 2024, bajo advertencias relacionadas con una “orden del Ministro”. Relató que recibió llamadas insistentes para asumir la acción destinada a destituir a Coaquira e incluso mencionó una reunión previa en casa de César Siles antes de la audiencia.
La audiencia y sus consecuencias
La audiencia se llevó a cabo el 12 de junio; Lea Plaza recibió múltiples llamadas durante ella y solicitó ayuda para redactar su resolución. Finalmente, decidió suspender temporalmente a Coaquira y convocó al suplente Iván Campero; minutos después, fue aprehendido en su despacho. Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el TSJ calificaron el fallo como un “golpe judicial”.
En su declaración ampliatoria del 15 de agosto, Lea Plaza aseguró que Castro y Siles le prometieron mover influencias para “solucionar” su situación; también afirmó que Córdova estaba gestionando una medida sustitutiva que nunca se concretó. Tras la difusión de un audio atribuido a Siles el 15 de junio, donde se escucha: “Está conversado a muy alto nivel (…) usted va a estar protegido”, el caso adquirió mayor relevancia pública.
Denuncias y consecuencias trágicas
Lea Plaza denunció intentos de cambiar su declaración a cambio de beneficios carcelarios y visitas, incluidas autoridades como una viceministra que le consultó sobre el audio y le ofreció ayuda para el exministro Siles. El 25 de agosto, fue declarado colaborador eficaz y salió del penal San Pedro; semanas después, fue hallado sin vida en su dormitorio, un hecho calificado como suicidio por las autoridades.
Su abogada sostiene que la presión ejercida por el grupo alineado a Yvan Córdova pudo haber influido en su muerte. En este proceso se investiga al exministro César Siles, al magistrado suplente Iván Campero, al expresidente del TDJ Yvan Córdova y a Claudia Castro, esta última con detención preventiva en Obrajes.
Se trata de una investigación sobre una presunta red inducida por autoridades para lograr un fallo ilegal contra una magistrada titular del TSJ. Aunque nada quedó registrado oficialmente, hay declaraciones testimoniales y un audio clave incluido en el expediente. Además, persiste la duda sobre si Fanny Coaquira utilizó un documento irregular para obtener mayor puntuación durante su acceso al cargo, engañando presuntamente a los electores.
Con información de Erbol
