La escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en Bolivia está estrechamente vinculada al contrabando hacia países vecinos. En estos lugares, el precio de la garrafa de GLP puede alcanzar hasta 150 bolivianos, mientras que en Bolivia se vende a solo 22,50 bolivianos. El experto en hidrocarburos Raúl Velásquez ha advertido que la caída en la producción de gas natural y la permanencia del subsidio son factores que agravan esta crisis de abastecimiento. Además, alertó que Bolivia podría verse obligada a importar GLP a partir de este año.
Velásquez explicó que en Bolivia, la garrafa de 10 kilos se vende a 22,50 bolivianos gracias a la subvención estatal. En países fronterizos como Perú, el precio oscila entre 100 y 150 bolivianos, y en otros países de la región puede llegar hasta 200 bolivianos. “El principal incentivo para el contrabando es el precio. Esa brecha hace muy atractivo sacar el GLP del país”, señaló.
Según el analista, tras la eliminación de la subvención al diésel mediante el Decreto 5516, muchos contrabandistas que antes operaban con ese combustible se han volcado a la venta irregular de GLP, que aún mantiene el subsidio. “Los que traficaban diésel ahora se han refugiado en el contrabando de GLP”, afirmó.
Caída de la producción
A este problema se suma un factor estructural: la caída de la producción de gas natural en un 52% en los últimos 10 años. “Cuando cae la producción de gas natural, también cae la producción de GLP. Este es un problema que venimos arrastrando desde hace una década”, explicó Velásquez, quien advirtió que revertir esta tendencia tomará entre 5 y 8 años.
Revisión de subsidios
Frente a este escenario, el experto planteó la necesidad de repensar la política de subvenciones. Propuso un retiro gradual del subsidio al GLP, con incrementos de hasta un 10% anual, acompañado de una focalización que priorice a las familias más vulnerables. “Muchas veces el GLP subsidiado se ha usado incluso para calentar piscinas. El beneficio no siempre está llegando a quienes más lo necesitan”, sostuvo.
Desafíos en el control
Velásquez reconoció que el control del contrabando es un desafío complejo, especialmente en las zonas fronterizas del altiplano. Sin embargo, consideró que debe combinarse con una política de refocalización de la subvención. “Controlar la frontera es difícil, pero es indispensable. Y al mismo tiempo hay que asegurar que la ayuda estatal llegue a la gente que realmente la necesita”, remarcó.
Importaciones y consecuencias
El especialista alertó que si no se revierte la caída productiva, Bolivia podría verse obligada a importar GLP desde mediados de este año o, a más tardar, en 2026; y gas natural a partir de 2028. Importar GLP a precios internacionales y venderlo a 22,50 bolivianos implicaría repetir el esquema deficitario que se tuvo con la gasolina y el diésel. “Esa diferencia tendría que cubrirla el Estado, algo muy difícil con la situación actual de las finanzas públicas”, advirtió.
Nueva política energética
Finalmente, Velásquez insistió en la necesidad de una nueva política hidrocarburífera y energética de largo plazo que incentive la exploración y atraiga inversión. “Bolivia necesita encontrar al menos 3 megacampos y eso requiere cambios normativos. Sin una nueva ley de hidrocarburos será muy difícil revertir la caída de la producción”, concluyó.
La caída del suministro interno tiene consecuencias directas para los ciudadanos debido al riesgo inminente de desabastecimiento y aumento en los costos asociados al consumo energético básico.
