El Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción N.º 13 de La Paz ha programado una audiencia cautelar para el 22 de enero de 2026, a las 10:00 horas. Esta audiencia se llevará a cabo en contra del exalcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, en relación con un caso por un presunto sobreprecio de 26 millones de bolivianos en la compra de 61 buses PumaKatari.
La información fue confirmada el domingo 18 de enero de 2026 por Jesús Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz. Vera recordó que la audiencia fue programada el 5 de diciembre de 2025, tras la reaparición pública de Revilla, quien había estado prófugo desde noviembre de 2021. En ese momento, se activaron alertas migratorias y notificaciones internacionales de Interpol.
Condición de fuga
Vera destacó que la condición de fuga de Revilla es un agravante que debe ser tomado en cuenta por la autoridad judicial. El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva del exalcalde en el penal de San Pedro por un periodo de 6 meses.
Además, Vera mencionó que la última citación fiscal fue emitida en enero de 2022. Sin embargo, tras la reprogramación de una audiencia, Revilla abandonó el país, lo que ha generado cuestionamientos sobre su conducta.
Cuestionamientos sobre la reaparición
El dirigente vecinal criticó que, a pesar de estos antecedentes, Revilla haya reaparecido en redes sociales y participado en actividades políticas. También logró la anulación de dos órdenes de aprehensión en su contra.
Vera también cuestionó la falta de acción por parte de la Alcaldía de La Paz y el Concejo Municipal, quienes inicialmente se presentaron como parte afectada en el proceso, pero han dejado de impulsar la causa.
Informe de la Dirección Jurídica
Según Vera, un informe de la Dirección Jurídica municipal indica que la compra de los buses no contaba con un Estudio Técnico de Factibilidad. Además, se señala que parte de la documentación presentada era falsa, lo que aparentemente facilitó el desembolso de recursos.
A raíz de este informe, el alcalde Iván Arias y la Procuraduría General del Estado se han sumado al proceso como víctimas.
Delitos investigados
Revilla enfrenta una investigación por presuntos delitos que incluyen daño económico al Estado, contratos lesivos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según el denunciante, el daño económico asciende a 26 millones de bolivianos en la primera compra, además de montos similares en adquisiciones posteriores que aún no han sido investigadas.
Vera informó que todas las partes procesales, incluido el exalcalde, ya han sido legalmente notificadas. Por lo tanto, la audiencia cautelar deberá realizarse sin dilaciones. También solicitó a las instituciones competentes que realicen un seguimiento al proceso para evitar posibles irregularidades.
