El vicepresidente Edmand Lara expresó su desacuerdo con el proyecto de ley antibloqueos, argumentando que esta propuesta tiene como objetivo criminalizar la protesta social y facilitar la persecución y encarcelamiento de personas inocentes. Su postura fue compartida a través de un video que publicó en sus redes sociales el 17 de enero.
En su declaración, Lara afirmó que la iniciativa no busca un propósito justo y que su implementación significaría gobernar mediante decretos, lo que va en contra de la Constitución Política del Estado. Según el vicepresidente, este proyecto tiene la intención de silenciar a sectores críticos y limitar el derecho a la protesta.
Impacto en defensores y ciudadanos
Lara advirtió que la norma podría ser utilizada en contra de defensores del medioambiente y de ciudadanos que se opongan a decisiones del gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la explotación de recursos naturales. Enfatizó que la protesta social es un mecanismo legítimo para la defensa de derechos y de la Constitución.
Referencias históricas
El vicepresidente también hizo mención a antecedentes históricos, como las movilizaciones de octubre de 2019 y las protestas contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estos ejemplos respaldan la protesta como una forma válida de expresión social y política en el país.
Detalles del proyecto de ley
El proyecto de ley antibloqueos fue presentado por el diputado Carlos Alarcón, quien pertenece a la Alianza Unidad, un grupo afín al oficialismo. La propuesta establece que los bloqueos se consideren un delito grave, con sanciones que van de 10 a 20 años de privación de libertad para quienes promuevan, organicen, instiguen o financien estas acciones.
Estado actual de la propuesta
En este momento, la iniciativa se encuentra en discusión en una comisión del Órgano Legislativo, donde se sigue debatiendo sobre su alcance y las posibles implicaciones legales que podría tener.
