Un total de 35 jueces del departamento de Santa Cruz se enfrentarán a procesos disciplinarios por cometer faltas graves y gravísimas. Esta situación es el resultado de las acciones de control y fiscalización que se llevaron a cabo en los juzgados de la capital y sus provincias durante la gestión del año 2025. La información fue proporcionada este viernes 16 de enero de 2026 por el Consejo de la Magistratura.
Anuncio del Consejo de la Magistratura
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, fue quien realizó este anuncio. Explicó que las intervenciones realizadas permitieron identificar irregularidades que se repetían en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Según el informe institucional, se presentaron y admitieron un total de 147 denuncias a raíz de estos operativos de supervisión.
Suspensión de jueces
Como resultado de estas acciones, se decidió la suspensión de 35 jueces que incurrieron en faltas disciplinarias graves, siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa vigente. Además, se informó que 30 de estos jueces serán procesados por faltas gravísimas. Esto se debe a que tenían antecedentes de al menos 3 faltas graves previas, lo que permite iniciar procesos que podrían llevar a su destitución.
Política de control permanente
El presidente del Consejo de la Magistratura destacó que las medidas adoptadas son parte de una política de control permanente, la cual está orientada a garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. También mencionó que los procesos disciplinarios se llevarán a cabo respetando el debido proceso y que las sanciones se aplicarán en aquellos casos donde se determine responsabilidad.
Objetivo de las acciones
“Estas acciones buscan asegurar una administración de justicia transparente, eficiente y responsable, en beneficio de la ciudadanía”, afirmó, según lo citado por El Deber. La entidad también ratificó que los operativos de fiscalización continuarán en todo el país como parte de las acciones destinadas a fortalecer la administración de justicia y a identificar prácticas que sean contrarias a la normativa dentro del Órgano Judicial.
