El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, ubicado en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, ha decidido este viernes 16 de enero de 2026 paralizar temporalmente el proyecto de perforación exploratoria del pozo Domo Oso X3. Esta decisión se tomó tras aceptar la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo.
La paralización se mantendrá mientras se recopila la información técnica y legal necesaria para que la autoridad judicial pueda emitir una resolución definitiva. Esta información fue comunicada a través de una nota institucional emitida por la Defensoría del Pueblo.
Detalles del proyecto
La decisión del juzgado afecta a los actos de ejecución material del proyecto, que se encuentra en el bloque exploratorio San Telmo Norte. Esta zona está relacionada con la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, lo que añade un nivel de preocupación sobre el impacto ambiental del proyecto.
Fechas importantes
En el mismo fallo, el juzgado ha programado una inspección técnica para el 9 de febrero de 2026. Además, se llevará a cabo una audiencia pública el 13 de febrero de 2026, con el fin de evaluar los aspectos ambientales, técnicos y procedimentales del emprendimiento.
Incorporación de Petrobras
Asimismo, la instancia judicial ha decidido incluir a la empresa Petrobras como sujeto procesal necesario. También se ordenó la notificación a las autoridades, partes y terceros interesados, todo en el marco del debido proceso.
Solicitudes adicionales
El juzgado ha solicitado a la Defensoría del Pueblo información sobre defensoras y defensores ambientales. Además, se requirió a la Fiscalía de Entre Ríos datos sobre procesos penales que estén vinculados a este conflicto.
Contexto del caso
Esta medida se enmarca en una acción ambiental precautoria que fue presentada el 9 de enero de 2026. En esta acción se planteó la necesidad de revisar la consulta pública, la categorización ambiental del proyecto y el procedimiento seguido para la obtención de la licencia ambiental.
El caso se desarrolla en un contexto de cuestionamientos por parte de comunidades y organizaciones sociales respecto a las actividades hidrocarburíferas en la zona de Tariquía.
