Los exministros de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani y Néstor Huanca, están siendo investigados por cinco delitos en el caso conocido como “caso harina”. Esta información fue proporcionada por el actual ministro de la cartera, Óscar Mario Justiniano. La pesquisa también incluye a otros exfuncionarios y contratos que están relacionados con el manejo irregular de la harina.
Justiniano explicó que las denuncias abarcan delitos como contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos. Según el ministro, este proceso ha generado un daño económico que se estima en al menos 6,6 millones de bolivianos.
Contratos vinculados
El gerente general de Emapa, Sergio Siles, indicó que la investigación no se limita solo al manejo irregular de la harina. También se involucran tres contratos relacionados con el exdirigente de Conapabol, Rubén Ríos. Estos acuerdos están conectados con el transporte del producto, el alquiler de galpones para su almacenamiento y la provisión de harina.
Siles destacó que, hasta el momento, se presume que la afectación económica al Estado asciende a 6,6 millones de bolivianos. “En los casos harina I y harina II se habla de una afectación de 6,6 millones”, subrayó.
Otros procesos en investigación
A estos hechos se suman otros procesos que están en investigación, como el de la planta de acopio y transformación de papa en la ciudad de El Alto, donde se calcula un daño de aproximadamente 180 millones de bolivianos. También se está investigando el complejo piscícola del lago Titicaca, que requirió una inversión cercana a 87,7 millones de bolivianos, aunque aún no está en funcionamiento.
El ministro Justiniano afirmó que es necesario ampliar las investigaciones contra exfuncionarios, exgerentes generales y miembros del directorio de Emapa. Además, se indagarán posibles vínculos con otros actores en la administración de la empresa estatal.
Compromiso del Ministerio
Finalmente, Justiniano aseguró que el Ministerio de Desarrollo Productivo ha actuado dentro de sus atribuciones y que toda la información relevante ha sido remitida a las instancias competentes. “En Bolivia no hay espacio para la impunidad. El Ministerio continuará como parte querellante y aportará todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la defensa de los intereses del Estado”, concluyó.
