El Gobierno ha declarado una emergencia energética y social en todo el país mediante el Decreto Supremo 5517, que fue aprobado el 13 de enero de 2026. Esta decisión se toma como respuesta al proceso inflacionario, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles que enfrenta la nación.
Medidas del decreto
La norma, promulgada por el Presidente Rodrigo Paz, establece que esta medida se adopta ante una situación económica, financiera y social de carácter estructural. Esto se refleja en el aumento de los costos logísticos, la paralización de actividades productivas y el impacto directo en el costo de vida de la población.
Entre las disposiciones más importantes, el decreto autoriza de manera excepcional y temporal la importación, venta y comercialización de combustibles por parte de personas naturales o jurídicas privadas. Esto se permitirá a precio de importación o preterminal, siempre que cuenten con capacidad de almacenamiento propia o alquilada. El objetivo de esta medida es garantizar el abastecimiento de combustibles tanto en áreas urbanas como rurales.
Suspensión del diésel
Además, la normativa establece la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un periodo de 1 año. Esta acción busca facilitar su importación y asegurar el suministro para sectores clave como el transporte, la producción y la agroindustria.
Una vez que se cumpla ese plazo, la partida arancelaria será reincorporada automáticamente a la lista, a menos que una disposición posterior indique lo contrario.
Ajustes administrativos
El decreto también incluye medidas transitorias que instruyen a la Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras entidades competentes a adecuar sus procedimientos internos en un plazo máximo de 5 días hábiles.
Asimismo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el libre acceso no discriminatorio a la infraestructura de hidrocarburos mediante una resolución ministerial en un plazo de hasta 15 días hábiles.

Objetivos del Gobierno
El Gobierno ha señalado que estas medidas tienen un carácter excepcional, inmediato y transitorio. Están orientadas a reactivar el aparato productivo, reducir los efectos de la crisis energética y generar certidumbre frente al contexto económico actual.
Contexto de la emergencia
La declaratoria de emergencia se emite después del Decreto Supremo 5516, que incluyó medidas económicas y sociales adoptadas tras acuerdos con la Central Obrera Boliviana. Este escenario se ha visto marcado por protestas y rechazo a disposiciones previas.













