La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales del país emitieron el martes 13 de enero de 2026 un pronunciamiento en el que rechazan las agresiones verbales y descalificaciones dirigidas a la prensa por parte del vicepresidente Edmand Lara.
Este comunicado se dio a conocer tras las respuestas del vicepresidente a preguntas de periodistas sobre la posible promoción de una ley que anularía decretos impulsados por el expresidente Evo Morales. Estos decretos autorizan la explotación petrolera en áreas protegidas, como la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Reacciones del vicepresidente
En su respuesta, Lara expresó: “Hermano, no mientan, no hay un contrato para hacer la perforación que hoy día se llama DMO-X3. No hay (…) La prensa también no se preste a mentiras. ¿Dónde está la consulta previa? Muéstreme el acta, qué comunidades han participado, muéstreme. Dejen de defender lo indefendible, dejen de justificar lo que no se puede justificar. No le mientan al pueblo. No le mientan”.
Posición de la ANPB
La ANPB destacó que los medios de comunicación han realizado un seguimiento crítico y documentado del conflicto en Tariquía. Este seguimiento incluye la resistencia de las comunidades locales frente a la expansión petrolera, la falta de consultas adecuadas y las irregularidades observadas en licencias ambientales y procesos de autorización.
En su pronunciamiento, la ANPB lamentó que el vicepresidente no reconozca la cobertura periodística sobre este conflicto de interés nacional. Este conflicto involucra derechos ambientales, derechos de pueblos indígenas, consultas previas y la protección del patrimonio natural de todos los bolivianos.
Exhortación a las autoridades
En este contexto, la ANPB instó al vicepresidente y a las autoridades del Estado a reconocer y respetar la labor periodística. También se pidió evitar calificativos estigmatizantes y canalizar las discrepancias mediante argumentos fundamentados y diálogo institucional.
Finalmente, la ANPB recordó que la libertad de expresión y el derecho a la información no deben ser intimidados.
