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TSJ publica lista de 411 antecedentes penales para viabilizar indultos

Un grupo de privados de libertad de la cárcel San Pedro de La Paz/ RR.SS
El Tribunal Supremo de Justicia anunció la emisión de 411 certificaciones necesarias para los indultos, facilitando el acceso a la libertad.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció este martes la publicación de una lista que incluye 411 certificaciones de antecedentes penales. Este documento es un requisito esencial para llevar a cabo lo establecido en el Decreto Presidencial 5460, que permite la concesión de indultos a personas privadas de libertad. Con esta acción administrativa, se da inicio a los trámites necesarios para que los beneficiarios, quienes ya tienen una sentencia ejecutoriada, puedan acceder a su libertad.

La emisión de estas certificaciones se realizó tras una reunión de coordinación interinstitucional que tuvo lugar en Sucre, donde participaron el TSJ y la Dirección General de Régimen Penitenciario. Germán Villasante, abogado de la administración penitenciaria, comentó que se estableció un mecanismo para acelerar la entrega de los documentos y así evitar retrasos en el sistema judicial. Este primer grupo de certificaciones permitirá iniciar la recepción y el procesamiento de las carpetas en los juzgados de ejecución penal.

Solicitudes acumuladas

La publicación de esta nómina responde a las solicitudes que se han ido acumulando desde que se promulgó el decreto en octubre de 2025. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, hasta el 31 de diciembre de 2025, ninguna persona había podido acceder al beneficio, a pesar de que la norma estaba vigente. Además, se registraban más de 3.000 solicitudes pendientes en el Órgano Judicial.

El TSJ da curso a los primeros 411 indultos/ RR.SS

Verificación de requisitos

Por otro lado, el director de Régimen Penitenciario en Santa Cruz, Mauricio Romero, indicó que después de esta primera etapa, se continuará con la verificación de los requisitos durante los meses restantes de vigencia del decreto, que se extiende hasta octubre de 2026. Las proyecciones de las autoridades penitenciarias estiman que entre 2.500 y 3.500 personas podrían beneficiarse con esta medida a nivel nacional.


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