El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó este miércoles 7 de enero de 2026 su preocupación por la situación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. Callisaya advirtió sobre una posible criminalización de quienes defienden los derechos humanos en el contexto de actividades relacionadas con la exploración petrolera.
Ingreso de convoy policial
El lunes 5 de enero de 2026, un convoy compuesto por aproximadamente 13 vehículos, acompañado por 40 policías, ingresó al cantón Chiquiacá. Este ingreso tenía como objetivo avanzar con el proyecto exploratorio Domo Oso-X3 de Petrobras. La entrada se realizó ignorando los puntos de vigilia que los comuneros habían establecido desde mediados de diciembre de 2025.
Procesos penales contra defensores
Al menos 17 defensores ambientales y comunarios de la región han sido notificados sobre procesos penales iniciados por YPFB y Petrobras. Se les acusa de delitos como “asociación delictuosa” y “atentado contra la libertad de trabajo” por intentar impedir la entrada de la maquinaria.
En este contexto, el Defensor del Pueblo recordó que su institución ha estado siguiendo esta situación desde la gestión anterior, incluyendo su tratamiento ante organismos internacionales.
Falta de información a las comunidades
Callisaya también mencionó que hay cuestionamientos sobre la falta de información adecuada proporcionada a las comunidades sobre el plan de trabajo y el estudio de impacto ambiental del proyecto Domo Oso-X3. Esta falta de información ha limitado la capacidad de la población para tomar decisiones informadas.
El Defensor del Pueblo recordó que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones en relación con el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.
Rechazo social a la intervención
El rechazo social hacia la intervención petrolera en Tariquía ha aumentado. El Comité Cívico de Tarija convocó a una marcha de emergencia bajo la consigna “Tariquía no se toca”. Diversas organizaciones sociales, activistas ambientales y sectores políticos han expresado su preocupación por la llegada de un contingente policial y la empresa petrolera a las cercanías de la reserva.
Defensa de derechos humanos
Por su parte, Petrobras Bolivia emitió un comunicado en el que asegura que cuenta con los permisos legales y la licencia ambiental necesaria para llevar a cabo el desarrollo del proyecto del pozo exploratorio DMO X3, afirmando que este se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
El Defensor del Pueblo reiteró que la solución al conflicto debe basarse en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente y en un proceso de consulta pública que cumpla con los estándares internacionales. Además, enfatizó que la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos no debe ser considerada un delito.
