El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, presentó un informe detallado sobre la situación financiera de la entidad. En su exposición, denunció un presunto daño económico al Estado que asciende a 260 millones de bolivianos.
Según la autoridad, este millonario desfalco es el resultado de al menos cinco casos de corrupción que han sido detectados tras una serie de auditorías internas y procesos de revisión. Estas acciones han puesto bajo la lupa la gestión administrativa de los últimos años, la cual está vinculada principalmente a la manipulación de precios y activos estatales.
Anomalías en la subvención de harina
Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia se refiere a las irregularidades en el sistema de subvención de la harina. Siles explicó que se han encontrado mecanismos irregulares en la distribución y manejo de los recursos destinados a mantener el precio del pan. Esto ha generado un agujero financiero significativo.
Además, se han identificado sobrecostos y deficiencias en el valor de activos estratégicos. Esto es especialmente relevante en relación con las plantas procesadoras de papa, donde el valor real no coincide con los desembolsos realizados. Esto sugiere una gestión dolosa de los proyectos de industrialización.
Red de corrupción identificada
La investigación ha logrado identificar a una red de aproximadamente 20 personas que habrían operado de manera coordinada. Entre los implicados no solo se encuentran exfuncionarios de rango medio, sino también exautoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y exdirigentes de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol).
Siles fue claro al señalar que las pesquisas alcanzan incluso al entorno familiar del exgerente de Emapa, Franklin Flores. Esto sugiere que la estatal fue utilizada para favorecer intereses particulares y de parentesco.
Desorden institucional en Emapa
En el ámbito administrativo, las auditorías han revelado un desorden institucional generalizado. Se han documentado numerosos casos de incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas. También se ha evidenciado la contratación de personal que no cumplía con los requisitos académicos ni con los perfiles profesionales exigidos para cargos críticos.
Estas designaciones ilegales habrían facilitado el desvío de fondos y la falta de control en los procesos de fiscalización interna. Esto permitió que las irregularidades se prolongaran en el tiempo sin ser detectadas.
Acciones de la justicia boliviana
Actualmente, la justicia boliviana ya ha comenzado a tomar medidas cautelares y decisiones legales contra varios de los exfuncionarios implicados. El gerente Siles aseguró que Emapa continuará colaborando con el Ministerio Público y aportando pruebas de los procesos administrativos en curso.
“Estamos hablando de un daño que afecta directamente a la seguridad alimentaria del país”, concluyó la autoridad. Reafirmó así el compromiso de transparentar la gestión de la empresa estratégica más importante del sector productivo nacional.
