La Fiscalía Departamental de La Paz ha formalizado la admisión de una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales Ayma y un grupo de 11 colaboradores cercanos, bajo el cargo de trata de personas.
El eje central de la investigación se centra en el caso de Noemí M.C., quien supuestamente fue víctima de una estructura de poder que facilitó y encubrió encuentros íntimos con el líder cocalero desde que ella tenía apenas 14 años.
La denuncia no solo busca establecer la responsabilidad individual de Morales, sino que también apunta a la existencia de un entramado institucional que habría operado durante años para garantizar la impunidad y la logística de estos actos.
Organización criminal
Según el memorial presentado por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), el caso revela el funcionamiento de una “organización criminal” compuesta por exautoridades y funcionarios públicos de alto rango.
Este grupo habría tenido la misión específica de gestionar los traslados aéreos y terrestres de la joven a distintos puntos del país, asegurando que los encuentros, que suman al menos 37 registros, se mantuvieran bajo un estricto velo de confidencialidad.
Lo más alarmante para la justicia es que estos movimientos se habrían realizado vulnerando sistemáticamente las normativas vigentes sobre el viaje de menores de edad.
Implicados en el caso
La lista de implicados expone cómo diversas empresas y entidades estratégicas del Estado habrían sido utilizadas para fines personales y delictivos. Entre los nombres destacados figura Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), quien presuntamente facilitó el transporte aéreo de la víctima.
Asimismo, se señala a Rodolfo Castro, exfuncionario de la empresa estatal Mi Teleférico, y a Luis Hernán Soliz Morales, asistente personal del expresidente, quien habría funcionado como el enlace operativo y mano derecha en la coordinación de la logística diaria y el contacto con la menor.
Red de encubrimiento
La red de encubrimiento también habría permeado áreas sensibles de protección social y diplomacia. En la denuncia destaca la participación de Carla Lorena Sandy, quien en 2022 ejerció como viceministra de Igualdad de Oportunidades, una entidad cuya misión es precisamente la protección de poblaciones vulnerables.
Sandy, quien actualmente ocupa el cargo de segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es señalada por haber formado parte del engranaje que garantizó el silencio y la continuidad de estas conductas, utilizando sus influencias en los ministerios de Educación y Justicia.
Alcance de la investigación
Finalmente, la investigación abarca a servidores públicos vinculados a la Gobernación de Cochabamba y a la Caja Nacional de Salud, lo que sugiere que el alcance de la red era interinstitucional.
La Fiscalía deberá ahora determinar cómo se financiaron estos operativos y si se utilizaron fondos públicos para sostener la estructura de transporte y alojamiento de la víctima.
