El Juzgado de Instrucción Penal 1 de Sacaba decidió este jueves que el concejal Juan Carlos Montaño deberá ser detenido de manera preventiva por un periodo de 5 meses. Esta medida se toma tras la imputación del legislador municipal por el presunto delito de concusión.
Montaño enfrenta acusaciones de haber extorsionado a varias empresas constructoras. Se le señala por exigir dinero a estas empresas para facilitar el pago de deudas que el municipio ha acumulado desde gestiones anteriores.
El concejal deberá cumplir con esta medida cautelar en la cárcel de Arani mientras continúan las investigaciones pertinentes. Montaño fue aprehendido durante un operativo en el que supuestamente estaba intentando cobrar la suma de 90.000 bolivianos.
Denuncias de empresas
Hasta el momento, el Ministerio Público ha recibido denuncias formales de un total de 8 empresas contra el legislador por estas prácticas ilegales. Además, no se descarta que otros 2 funcionarios municipales estén involucrados en esta red de extorsión.
La investigación se inició tras la denuncia directa del también concejal de Sacaba, Alejandro Quisbert. El pasado martes, Quisbert intervino en una oficina donde encontró a Montaño recibiendo un sobre que, según se presume, contenía el dinero del cobro irregular.
Operativo y transmisión en vivo
El operativo fue transmitido en vivo a través de las redes sociales por el propio Quisbert. Durante la transmisión, el concejal cuestionó públicamente la tardanza de la intervención policial en el lugar de los hechos.
Reacciones tras la decisión judicial
Después de que se conoció la decisión del juzgado, Alejandro Quisbert expresó su satisfacción en sus plataformas digitales. “Pueblo querido, se probaron todas las pruebas de mi denuncia. El concejal Montaño es enviado a la cárcel de San Pedro en Arani. Misión cumplida Sacaba, seguiré haciendo mi trabajo”, publicó el legislador.
El caso sigue abierto y bajo la supervisión del Ministerio Público, que está trabajando para determinar si hay más víctimas de este esquema de cobros indebidos y para establecer el grado de responsabilidad de los otros funcionarios públicos que están bajo sospecha.
