La Central Obrera Boliviana (COB) ha convocado a una movilización bajo el lema “Bolivia No Se Vende” para el sábado 3 de enero de 2026. El propósito de esta protesta es exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503. Mientras tanto, el Gobierno ha programado un diálogo con los trabajadores para el lunes 5 de enero.
Mario Segundo Quispe, ejecutivo de la Confederación de Fabriles, ha señalado que esta medida busca intensificar la protesta. Quispe ha confirmado que el sector obrero participará en el diálogo convocado por el Gobierno, aunque hasta esa fecha continuarán las movilizaciones y marchas de protesta.
En declaraciones a Erbol, Quispe ratificó la convocatoria y explicó que la marcha tiene como objetivo llegar a la ciudad de La Paz para el diálogo. Sin embargo, advirtió que la consigna de las federaciones es paralizar el país entre el lunes y el martes.
Exigencias de la COB
Quispe también reiteró que la posición de la COB es firme en exigir la abrogación del Decreto 5503, al que calificó como más perjudicial que el Decreto 21060. En este sentido, sostuvo que el actual Gobierno actúa en favor de grandes millonarios y no de los sectores más humildes.

Respuesta del Gobierno
Por su parte, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ha rechazado las versiones que indican que el Decreto Supremo 5503 implica la entrega de los recursos naturales o que responde a una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Espinoza afirmó que las acusaciones sobre la entrega de recursos forman parte de una “narrativa política” impulsada por aquellos que se beneficiaron con la cesión de los recursos naturales del país. Según el ministro, esos sectores fueron los que “firmaban contratos secretos en la Asamblea, favoreciendo a empresas chinas, rusas y otros países aliados al régimen”.
Mecanismo de fast track
Espinoza aseguró que, a diferencia de esas prácticas, el actual Gobierno implementa un mecanismo que permite la llegada de inversiones de manera transparente y en el marco de la normativa boliviana. Finalmente, explicó los alcances del mecanismo de fast track incluido en el decreto.
Este mecanismo permite una aprobación más ágil de proyectos de inversión, aunque reconoció que este punto ha generado cuestionamientos por parte de sectores que lo consideran una concesión a empresas interesadas en los recursos del país.













