Por: Tania Claudia Santiváñez Chacón
Periodista de LA PATRIA
En Oruro, dos equipos médicos de alta complejidad, un tomógrafo que nunca funcionó y un resonador magnético utilizado de forma clandestina, se convirtieron en el reflejo de un sistema de salud atrapado entre la corrupción, los vacíos normativos y una justicia lenta. Mientras los procesos avanzan en tribunales, los pacientes continúan esperando diagnósticos que el sistema público no logra garantizar.
Lo ocurrido en el Centro de Salud e Imagenología María Auxiliadora no es un hecho aislado, sino una muestra de las debilidades estructurales del sistema de salud en Bolivia: falta de planificación, desarticulación entre niveles de atención, deficiencias en la gobernanza y un acceso desigual a servicios de alta complejidad.
EL CENTRO QUE DEBÍA DIAGNOSTICAR
Ubicado en el corazón de la ciudad, el Centro de Salud e Imagenología María Auxiliadora fue concebido como un referente para pacientes que requieren estudios especializados; sin embargo, a dos años de la adquisición de un tomógrafo y tras denuncias sobre el uso irregular de un resonador magnético, su capacidad diagnóstica permanece seriamente limitada.
Ambos equipos, fundamentales para detectar patologías neurológicas, oncológicas y traumatológicas, continúan fuera de servicio. La consecuencia es directa: pacientes que deben esperar indefinidamente o recurrir a servicios privados y a otros departamentos del país para acceder a estudios que deberían estar disponibles en el sistema público.
EL TOMÓGRAFO QUE NUNCA FUNCIONÓ
La historia del tomógrafo comenzó en junio de 2023, cuando se anunció la compra de un equipo de 64 cortes con el objetivo de fortalecer la atención por imagenología en Oruro. No obstante, las dos primeras licitaciones fueron declaradas desiertas debido a observaciones técnicas y presuntas irregularidades internas.
En un tercer intento, el proceso derivó en la adquisición de un tomógrafo de 32 cortes, adjudicado a la empresa Grupo Pulso por un monto cercano al de las ofertas iniciales. El contrato fue firmado en diciembre de 2023, pero el equipo nunca fue puesto en funcionamiento ni entregado formalmente.
Las denuncias posteriores dieron lugar a procesos penales impulsados por la Alcaldía contra exfuncionarios y el representante legal de la empresa adjudicataria.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto daño económico ascendería a cerca de 1,5 millones de bolivianos. Hasta hoy, el tomógrafo permanece inutilizado y su futuro depende de una resolución judicial.
El secretario municipal de Asuntos Jurídicos, Marco Antonio Ayllón, confirmó que el caso se encuentra en etapa de investigación penal y que cualquier acción sobre el equipo está supeditada a las determinaciones del Ministerio Público y del órgano judicial.
EL RESONADOR QUE FUNCIONÓ EN LA SOMBRA
El resonador magnético del Centro María Auxiliadora se convirtió en un segundo foco de controversia. En agosto de 2025, el concejal Iván Quispe denunció que el equipo era utilizado fuera del horario laboral y que se cobraban estudios a particulares, pese a que el resonador no contaba con mantenimiento ni autorización para operar.
La denuncia expuso un presunto esquema de uso clandestino que reveló serias fallas de control, transparencia y gobernanza institucional. La Unidad de Transparencia de la Alcaldía inició una investigación administrativa y penal, aunque el proceso se vio dificultado por la difusión pública del caso, lo que, según las autoridades, afectó la recolección de pruebas.
El secretario municipal de Salud, Jorge Arce, explicó que el resonador tiene más de 12 años de uso y fue sometido a un manejo irregular, incluyendo operaciones nocturnas. “Se requiere una evaluación técnica integral para garantizar que el equipo pueda brindar un servicio seguro y de calidad”, señaló.
Actualmente, el resonador permanece fuera de funcionamiento y su eventual reactivación depende de una autorización judicial y de informes técnicos especializados.
JUSTICIA: GARANTE Y FRENO
En ambos casos, la justicia cumple un doble rol. Por un lado, es la instancia llamada a esclarecer responsabilidades y proteger los recursos públicos; por otro, se convierte en un factor que prolonga la inactividad de equipos vitales para la atención en salud.
Mientras los procesos judiciales avanzan con lentitud, el tomógrafo no puede ser liberado y el resonador no puede ser evaluado ni reactivado, generando un vacío crítico en la oferta de servicios diagnósticos de alta complejidad en Oruro.
Vacíos del sistema: tercer nivel sin respaldo
Más allá de las presuntas irregularidades administrativas, los casos del tomógrafo y el resonador evidencian un problema estructural del sistema de salud.
Según explicó Arce, ambos equipos corresponden al tercer nivel de atención, mientras que el Centro María Auxiliadora opera formalmente como establecimiento de segundo nivel.
Este desajuste normativo obliga a la Alcaldía a buscar acuerdos con el Ministerio de Salud para viabilizar legalmente el funcionamiento de los equipos, exponiendo a las autoridades locales a riesgos administrativos y penales, y retrasando aún más la prestación de servicios esenciales.
La falta de una planificación integral y de una clara articulación entre niveles de atención refleja las debilidades de la gobernanza sanitaria en Bolivia, particularmente en departamentos intermedios como Oruro.
PACIENTES EN ESPERA
Las principales víctimas de esta cadena de errores, omisiones y procesos inconclusos son los pacientes. Personas provenientes de Oruro y de otras regiones del occidente boliviano deben postergar diagnósticos, asumir costos elevados en clínicas privadas o trasladarse a ciudades como La Paz y Cochabamba.
La ausencia de tomografía y resonancia magnética en el sistema público local no solo limita la atención oportuna, sino que profundiza las brechas de acceso y evidencia la fragilidad del derecho a la salud.
Los casos del tomógrafo y del resonador magnético no solo remiten a responsabilidades individuales aún en investigación, sino que exponen, sobre todo, un sistema de salud que sigue sin resolver sus debilidades estructurales: planificación deficiente, escasa articulación institucional y una gobernanza incapaz de garantizar servicios de alta complejidad donde más se los necesita.
Mientras la justicia avanza y las decisiones técnicas se postergan, los pacientes continúan asumiendo el costo de un sistema que no logra responder a su derecho a la salud.
