La presión judicial contra el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se intensificó este martes tras la comparecencia de Marco Antonio Aramayo (hijo) ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Aramayo presentó una denuncia verbal por amenazas de muerte recurrentes y formalizó su adhesión a la querella criminal contra la exautoridad. La familia sostiene que Del Castillo tiene una responsabilidad directa, tanto política como administrativa, en el trato inhumano que derivó en la muerte de su padre, quien fue el principal denunciante de la corrupción en el Fondo Indígena.
Denuncia de amenazas
El abogado de la familia, Joel Lara, explicó que la decisión de sumarse a la causa responde a la necesidad de que se investigue el encubrimiento de vejámenes y torturas ocurridas bajo la tutela del Estado. Según la defensa, el exministro habría permitido o ignorado los abusos sistemáticos cometidos en los centros penitenciarios.
Esta acción legal coincide con la petición de aprehensión inmediata solicitada por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, basándose en un riesgo de fuga tras el reciente intento de Del Castillo de abandonar el país con destino a China.
Informe sobre torturas
La base probatoria de esta nueva etapa procesal descansa en un crítico informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI). El documento, presentado por la especialista Lourdes Andrade, certifica que Marco Antonio Aramayo Caballero fue sometido a actos de tortura física, psicológica y sexual.
El informe detalla que el exfuncionario era trasladado hasta 2 veces por mes a diferentes departamentos (Oruro, Pando, Tarija, entre otros) en condiciones degradantes: encapuchado, maniatado y privado de sueño y alimento, sin considerar su deteriorado estado de salud.
Desorden institucional
En el ámbito administrativo, la familia denunció un “desorden institucional” que roza el hostigamiento póstumo. Fernando Aramayo, otro de los hijos de la víctima, reveló que el Órgano Judicial continúa emitiendo citaciones dirigidas a su padre, a pesar de que este falleció hace casi 3 años, el 19 de abril de 2022.
Esta situación, afirman, es la prueba de una maquinaria de persecución judicial que no se detuvo ni con el deceso del procesado, quien murió a los 54 años debido a una falla multiorgánica tras 7 años de encierro.
Cifras de procesos judiciales
Finalmente, la nota recuerda que Aramayo Caballero enfrentó una cifra inédita de más de 200 procesos judiciales simultáneos, una estrategia que el ITEI califica como parte de la tortura sistemática.
Con la adhesión de la familia a la denuncia contra Del Castillo, el caso busca ahora determinar las responsabilidades de alto nivel dentro del Ejecutivo, exigiendo que la justicia actúe con imparcialidad para reparar una deuda histórica de verdad y justicia en uno de los casos de vulneración de derechos humanos más documentados de la última década en Bolivia.
