La ciudad de El Alto concluye el año 2025 con una noticia que ha reabierto uno de los crímenes más impactantes de 2024. Patricia Quispe Canaviri, la madre que sobrevivió al ataque de su expareja en marzo de ese año, falleció el 27 de diciembre de 2025.
Su muerte no fue repentina, sino el resultado de un deterioro progresivo de su salud. Patricia fue consumida por un trauma psicológico que ninguna institución estatal logró mitigar de manera efectiva tras la tragedia.
Detalles del fallecimiento
“Patricia Quispe Canaviri, madre de los 2 niños víctimas de infanticidio en El Alto, falleció por intoxicación tras permanecer varios meses internada en distintos centros de salud. Este desenlace cierra una dolorosa y devastadora cronología que dejó a toda una familia destruida”, informó en sus redes la organización Familias de Víctimas en Busca de Justicia Bolivia.
Según esta entidad, la mujer no logró sobreponerse “al dolor provocado por la pérdida de sus hijos” ni a los “constantes conflictos familiares que la afectaron emocionalmente. Este desenlace pone de nuevo en evidencia las graves consecuencias de la violencia intrafamiliar y la urgente necesidad de protección y atención integral para las víctimas”.
El ataque y sus consecuencias
El calvario de Patricia comenzó en la madrugada del 5 de marzo de 2024 en Ciudad Satélite. César Guillermo Tezanos Pinto, de 32 años, ingresó al domicilio familiar bajo el pretexto de visitar a sus hijos.
Lo que debía ser un encuentro familiar escaló rápidamente en una discusión que terminó en masacre. Tezanos Pinto atacó a Patricia con un arma blanca y, mientras ella intentaba pedir auxilio, el agresor se dirigió al dormitorio donde dormían sus hijos de 2 y 4 años para quitarles la vida.
Patricia sobrevivió físicamente a las heridas, pero quedó marcada por el horror de haber sido testigo de la pérdida total de su familia.
Respuesta del sistema judicial
La respuesta del sistema judicial fue inusualmente rápida. Gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad y la confesión del autor, la fiscal Martha López logró que Tezanos Pinto se acogiera a un proceso abreviado.
Fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión por doble infanticidio, además de 15 años por el intento de feminicidio contra Patricia. Esta sentencia se cumple en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Sin embargo, para Patricia, el cierre del expediente judicial no significó el fin de la violencia. A pesar de la condena, Patricia enfrentó una segunda etapa de victimización.
Segunda etapa de victimización
Según los antecedentes, la mujer tuvo que lidiar con un persistente acoso legal proveniente del entorno del agresor, quien incluso desde la cárcel generaba presiones relacionadas con la custodia y otros procesos burocráticos.
Este estrés constante, sumado a la falta de un programa de acompañamiento psicológico integral y sostenido por parte del Estado, aceleró el colapso de su salud mental y física.
Durante gran parte de 2025, Patricia permaneció internada, enfrentando una soledad institucional que hoy es cuestionada por la sociedad civil.
Cuestionamiento al sistema
El fallecimiento de Patricia Quispe pone en tela de juicio la eficacia de las leyes actuales en Bolivia. Expertos señalan que el Estado cumple con el rol punitivo (encarcelar al agresor), pero falla sistemáticamente en el rol reparador.
No existió para ella una red de contención que tratara el trauma como la urgencia médica y social que era. Su muerte revela que, en casos de violencia extrema, las víctimas indirectas siguen muriendo mucho después de que se dicta la sentencia.
Esto ocurre debido a que el sistema las trata como testigos y no como seres humanos rotos que necesitan apoyo permanente.
