El municipio de Tipuani se encuentra en medio de una crisis humanitaria tras el desborde del río homónimo. Hasta el momento, se han reportado 600 familias afectadas por esta emergencia. La situación se ha vuelto crítica debido a la escasez de diésel, un combustible esencial para operar las bombas de drenaje que extraen las aguas estancadas. Esta acumulación de agua representa un riesgo sanitario, especialmente por la mezcla con desechos.
Impacto en la población
En la población capital, la riada alcanzó una altura de 1 metro en la plaza principal, inundando el 40% de la zona urbana. Los barrios más afectados incluyen Lindo, Central, Satélite y Costanera. Además, en la comunidad de La Rinconada, se reportó el derrumbe de 13 viviendas, dejando a 150 familias damnificadas que han perdido todas sus pertenencias.
“A Tipuani no ha llegado ayuda ni del Gobierno central ni del alcalde Fernando Vera. Lo que se necesita es diésel para las bombas que sacan las aguas servidas”, expresó Angélica Alejandro, presidente del Concejo Municipal. El alcalde, consultado por El Deber, se negó a proporcionar cifras oficiales sobre los daños o la inversión de recursos en la zona.
Problemas por la minería
La concejal Alejandro explicó que el lecho del río ha subido 10 metros sobre el nivel de la población debido a la actividad minera aurífera descontrolada. Algunas cooperativas, operadas por ciudadanos extranjeros, están descargando desmontes directamente en el caudal sin reponer suelos. Esto provoca desbordes constantes cada vez que llueve.
Los vecinos han denunciado que las prácticas de estas cooperativas han cambiado el curso del río, lo que pone en riesgo la existencia misma del área urbana. La situación se complica aún más por la falta de un puente de acceso desde febrero, lo que obliga a utilizar pontones para el transporte de víveres y pasajeros.
Aumento de precios y ayuda humanitaria
Este aislamiento, sumado a las lluvias y nevadas que dificultan el ingreso de camiones, ha provocado un aumento en los precios de la canasta familiar. A pesar de que se anunció la llegada de 7 toneladas de ayuda humanitaria, los pobladores no conocen su procedencia y dudan que los vehículos puedan ingresar debido al mal estado de las rutas.
Jimena Pérez, una vecina de la zona, atribuyó la falta de soluciones estructurales no solo a la minería, sino también a las constantes pugnas políticas entre el alcalde y el Concejo Municipal. Estas disputas están bloqueando la gestión de proyectos de prevención, mientras que las familias continúan perdiendo sus casas por segunda o tercera vez desde que comenzaron las inundaciones recurrentes en 2018.
