El bloque cocalero del Chapare ha decidido unirse oficialmente a las movilizaciones que lidera la Central Obrera Boliviana (COB) en contra del Decreto Supremo 5503.
La presidenta de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Wilma Colque, anunció que este martes se llevará a cabo una reunión de emergencia en la localidad de Lauca Ñ. El objetivo de este encuentro es coordinar nuevas medidas de presión en el marco de las protestas.
Conflicto más allá del gasolinazo
Para la dirigencia cocalera, el conflicto va más allá del aumento en los precios de los combustibles. Colque advirtió que el decreto contiene 121 artículos que, según su opinión, comprometen la soberanía del país. “No se trata solamente del `gasolinazo` o la subvención; detrás de esto hay artículos que perjudican y están rifando al Estado Plurinacional con todos sus recursos naturales”, denunció la dirigente.
Afectación a sectores estratégicos
El sector cocalero sostiene que el decreto afecta directamente la gestión de sectores estratégicos como el litio y las tierras raras. Según Colque, el Gobierno ha omitido el tratamiento legislativo y la consulta previa a las 36 naciones indígenas, lo que vulnera los preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE).
Exigencia a la Asamblea Legislativa
El encuentro en Lauca Ñ tendrá como objetivo central exigir un pronunciamiento formal de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Los cocaleros acusan a diputados y senadores de eludir su responsabilidad fiscalizadora ante los alcances de la norma. “Ellos son parte de la traición a la patria; se están rifando nuestros recursos naturales y la Asamblea debe asumir su rol”, sentenció Colque.
Fortalecimiento del frente de protesta
La adhesión del trópico de Cochabamba fortalece el frente de protesta liderado por la COB. El dirigente sindical Andrés Paye informó que las bases ya han ratificado la continuidad de las movilizaciones y que en las próximas horas se definirán las estrategias para la siguiente semana.
Con la incorporación del trópico de Cochabamba, el conflicto por el DS 5503 evoluciona de una demanda sectorial a una movilización nacional que incluye un fuerte componente político y de control sobre los recursos estratégicos del país.
