El proceso judicial por el feminicidio de Odalys Vaquiata, una joven madre que desapareció en marzo de 2024 en Los Yungas, ha alcanzado una etapa crítica. Este fin de semana, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, anunció la emisión de la acusación formal contra Joel Pérez, de 26 años, y otros cuatro implicados en el caso.
A pesar de que este anuncio debería ser un avance hacia la justicia, la parte querellante ha cuestionado la situación, señalando un estancamiento burocrático que ha durado meses. El abogado de la familia de la víctima, Juan David González, indicó en una conversación con El Deber que la acusación formal fue presentada por una comisión de fiscales mucho antes, entre septiembre y octubre de 2024.
González atribuyó el anuncio reciente a una notable “falta de coordinación” y “desinformación” entre la Comisión de Fiscales y la Fiscalía Departamental. Según el jurista, el retraso no se debió a la falta de pruebas, sino a deficiencias en el control jurisdiccional. El Juzgado Noveno de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer no envió el caso a un tribunal de sentencia en los plazos establecidos debido a la complejidad del expediente.
El caso requería una revisión minuciosa de miles de fojas, corroborar cuerpos de prueba y subsanar detalles técnicos de apelaciones y memoriales que se habían acumulado durante meses de investigación. La acusación del Ministerio Público, que coincide con la acusación particular de la familia, establece una jerarquía de responsabilidades en relación con lo ocurrido en el tramo Yolosita-Coroico.
Para Joel Pérez, como autor principal del delito de feminicidio, se solicita una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Los padres de Joel también son imputados en grado de complicidad, y la parte querellante pide para ellos 15 años de cárcel, argumentando que colaboraron activamente con el autor.
Además, el teniente Alanes y una amiga íntima están acusados de encubrimiento por haber prestado auxilio o silencio para ocultar el crimen y el paradero de la víctima. Otro factor que ha dilatado el proceso es la actividad procesal de la defensa del principal acusado. Según González, el abogado de Joel Pérez intentó recursos para separar las causas o llevar el proceso bajo una sola línea particular.
Estas maniobras provocaron que la jueza de la causa considerara apartarse del caso. La constante rotación de fiscales dentro de la comisión investigadora también generó un vacío de información que la familia Vaquiata denuncia como un “descuido” del Ministerio Público.
A pesar de los obstáculos, la investigación ha logrado recolectar más de 130 pruebas documentales. Este conjunto de pruebas incluye informes de criminalística, el cruce de llamadas telefónicas, chats en redes sociales, el “congelamiento” de imágenes de seguridad y la reconstrucción detallada del lugar de los hechos.
Con la acusación finalmente en camino hacia un juzgado de sentencia, la defensa técnica de la familia proyecta que la apertura del juicio oral y contradictorio se realice entre enero y febrero de 2026. Se espera que este sea el capítulo final de un caso que ha mantenido en vilo al país durante casi 2 años y que busca, además de la condena, establecer con certeza qué ocurrió con los restos de Odalys, cuyo paradero sigue siendo el eje central del dolor de su familia.
