La estructura regional del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se encuentra en una situación crítica tras la exclusión de más de 300 candidatos para las próximas elecciones subnacionales.
La diputada y jefa departamental de esta fuerza política, Lenny Calderón, ha denunciado públicamente que una serie de maniobras irregulares en el Comité Político Nacional, respaldadas por el silencio del ente electoral, han dejado al partido sin representación en la mayoría de los municipios del departamento.
Crisis interna del PDC
Según las declaraciones de Calderón a Correo del Sur Radio, la crisis se desató tras una modificación considerada “irregular” en la composición del Comité Político Nacional del PDC.
Este cambio interno permitió que Susana Loayza fuera reconocida como la nueva delegada oficial ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, desplazando de forma sorpresiva las atribuciones de la dirigencia departamental legalmente constituida que encabezaba la legisladora.
Control centralizado de listas
Calderón sostiene que este cambio no fue una decisión administrativa aislada, sino una estrategia para centralizar el control de las listas y favorecer a un grupo reducido.
Denunció que se ignoraron los procesos de selección orgánica y las asambleas que se habían realizado previamente en las provincias y en la capital, donde ya se habían definido los perfiles de los postulantes con el respaldo de las bases.
Selección arbitraria de candidatos
La denuncia apunta a una selección de candidatos que la diputada calificó como arbitraria y reducida a intereses particulares.
Bajo la nueva delegación reconocida por el TED, el PDC solo registró a Erick Loayza (hermano de la actual delegada) como postulante a la Gobernación de Chuquisaca, acompañado por una lista mínima de apenas 10 candidatos a la Asamblea Departamental, dejando vacantes la gran mayoría de los escaños en disputa.
Vacío político en Chuquisaca
Esta acción ha dejado un vacío político absoluto para el partido en regiones estratégicas del departamento.
El PDC no inscribió ningún candidato a la Alcaldía de Sucre, una de las plazas más importantes para la organización.
Además, se omitieron las listas para el resto de las alcaldías de Chuquisaca, dejando fuera a cientos de aspirantes a alcaldes y concejales que ya tenían sus documentos en regla.
Más de 300 militantes vieron truncadas sus aspiraciones políticas sin una justificación clara, a pesar de contar con el respaldo de sus sectores sociales.
Actuación del Tribunal Electoral
Un punto crítico en la denuncia es la actuación del Tribunal Electoral Departamental.
Calderón recordó que la dirigencia departamental presentó impugnaciones formales de manera oportuna para frenar el cambio de delegados y validar las listas originales de candidatos.
Sin embargo, señaló que el TED no emitió una resolución dentro de los plazos legales, permitiendo que el periodo de inscripción cerrara con las listas cuestionadas.
Acción de amparo constitucional
Ante lo que consideran una “masacre política” y una vulneración al derecho constitucional de elegir y ser elegido, la diputada anunció la presentación inmediata de una acción de amparo constitucional.
El objetivo de este recurso es que la justicia ordene la restitución de los derechos de los 300 excluidos y se investigue la legalidad del nombramiento de la nueva delegación nacional, advirtiendo que la legitimidad del proceso electoral regional está en riesgo.
