La Central Obrera Boliviana (COB) llevó a cabo este sábado una nueva jornada de movilizaciones en la sede de Gobierno, reafirmando su rechazo total al Decreto Supremo 5503.
Mientras los líderes sindicales anunciaron que intensificarán sus estrategias de lucha, el Gobierno respondió con un llamado a la unidad y la pacificación, asegurando que no detendrán sus esfuerzos para sacar al país de la crisis económica.
Convocatoria de trabajadores mineros
A pesar de que la convocatoria fue menor en comparación con días anteriores, la marcha de este sábado tuvo una destacada presencia de los trabajadores mineros del sector estatal. Este sector se manifiesta específicamente en contra de la decisión del Gobierno de eliminar la subvención a los combustibles, una medida que se encuentra en el cuestionado decreto y que califican de “inconstitucional”.
Advertencia de los líderes sindicales
Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación de Mineros, fue claro al afirmar que las medidas de presión no cesarán. “En los próximos días asumiremos nuevas estrategias de lucha hasta que el Gobierno escuche el pedido de la clase trabajadora”, advirtió el dirigente ante la negativa del Gobierno de abrogar la norma.
Respuesta del Gobierno
En respuesta a las movilizaciones, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, emitió un mensaje oficial en el que reafirmó la postura del presidente Rodrigo Paz. Lupo sostuvo que, para superar la situación económica actual, es “indispensable” abandonar los bloqueos y la confrontación.
“Seguiremos trabajando para sacar a Bolivia de la crisis; pedimos mantener la esperanza y avanzar hacia una cultura de diálogo y convivencia pacífica”, manifestó el ministro, instando a los sectores sociales a no perjudicar a las familias bolivianas durante las celebraciones de fin de año.
Impacto del decreto en la población
Como parte de su estrategia comunicacional, los manifestantes de la COB pidieron a la ciudadanía que analice los 121 artículos que componen el Decreto Supremo 5503. Con esta medida, los sindicatos buscan justificar las molestias causadas por las marchas, argumentando que el impacto del decreto en el costo de vida afectará a toda la población y no solo al sector obrero.
Por su parte, el Gobierno mantiene su postura de que la norma es necesaria para la estabilidad financiera del país, creando un escenario de tensión que parece no tener una solución a corto plazo antes de que finalice el año.
