La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) ha declarado un estado de emergencia nacional tras llevar a cabo una asamblea general extraordinaria. Esta decisión se toma con el objetivo de exigir al Gobierno Central la inclusión de una cláusula de reajuste de precios en el Decreto Supremo 5503. La medida busca garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura y la estabilidad financiera del sector, que se encuentra en crisis debido a factores macroeconómicos que se han intensificado desde 2024.
Movilizaciones y plazos
Cadecocruz ha decidido establecer un cuarto intermedio en sus movilizaciones, que se extenderá hasta el 5 de enero de 2026. Durante este tiempo, esperan una respuesta técnica favorable por parte del Ejecutivo. El presidente en ejercicio de la institución, Eduardo Rodas Herrera, ha manifestado que, si no se logra un acuerdo, Cadecocruz y las cámaras departamentales evaluarán acciones drásticas. Estas acciones incluyen la paralización indefinida de obras públicas y la rescisión de contratos debido a la imposibilidad económica.
Crisis del sector constructor
El sector de la construcción argumenta que la crisis actual se ha agudizado desde 2024, impulsada por una serie de factores macroeconómicos críticos. Entre estos factores se encuentran la escasez de divisas y combustibles, así como el aumento descontrolado en los precios de materiales e insumos. Rodas ha señalado que, según datos preliminares del INE a noviembre, la inflación en Bolivia ya se acercaba al 20%. Este índice podría aumentar aún más debido a los efectos operativos del DS 5503.
Este aumento de la inflación afecta los costos de transporte, salarios y maquinaria pesada. Cadecocruz, junto con la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), ha denunciado que sus gestiones ante el Ejecutivo han sido constantes, pero sin éxito. Critican que los decretos 5321 y 5452 han resultado inaplicables en la práctica para resolver el desfase de costos que enfrentan.
Falta de diálogo con el Gobierno
Además, han expresado su descontento por no haber recibido respuesta a las solicitudes de reunión urgente enviadas a los Ministerios de Obras Públicas y Economía. Estas reuniones tenían como objetivo presentar propuestas técnicas viables. Ante la posibilidad inminente de paralizar proyectos por causas externas y económicas de fuerza mayor, el gremio constructor exige que no se impongan multas ni sanciones administrativas. Esta demanda se extiende a las entidades públicas contratantes y al Servicio de Impuestos Nacionales.
Resiliencia del sector
El sector constructor sostiene que las empresas están mostrando una “resiliencia extrema”. Sin embargo, trabajar con precios fijos en un contexto inflacionario se considera una vía directa hacia la insolvencia. Por lo tanto, el reajuste de precios es visto como la única solución justa para asegurar el desarrollo tanto a nivel regional como nacional.
