El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha entrado en un estado de vacío de poder tras la expiración del mandato de sus vocales a la medianoche del 19 de diciembre de 2025, sin que la Asamblea Legislativa Plurinacional lograra posesionar a sus sucesores. La situación genera incertidumbre sobre la administración de justicia electoral y la planificación de los comicios subnacionales de 2026.
Vacío de poder en el TSE
La advertencia fue lanzada por el exvocal electoral Tahuichi Tahuichi, quien explicó que, bajo el rigor de la Ley 1701, no existe posibilidad alguna de prórroga para las autoridades salientes. “A partir de las 00:00 de hoy, 20 de diciembre de 2025, se advierte una ausencia de autoridad en el TSE. Los vocales han sido cesados por mandato de ley y, al no haber nuevos elegidos, el órgano queda descabezado”, señaló Tahuichi en declaraciones a El Deber.
Riesgo para la justicia electoral
Esta situación pone en riesgo la administración de justicia electoral y la planificación de los comicios subnacionales de 2026, ya que, según el artículo 206 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Sala Plena es la única Máxima Autoridad Ejecutiva con capacidad para tomar decisiones oficiales.
Falta de acuerdos políticos
La jornada del viernes y la madrugada del sábado estuvieron marcadas por la falta de acuerdos políticos. La ALP protagonizó una sesión en la que se declararon más de 10 cuartos intermedios en un intento fallido por alcanzar los 2/3 de votos necesarios para la elección. Las bancadas oficialistas y opositoras no han logrado unificar criterios sobre los perfiles de los postulantes.
A pesar de la urgencia legal, las pugnas internas impidieron la votación definitiva durante la noche. A las 4:49 de la madrugada, el vicepresidente del Estado y presidente de la ALP, Edmand Lara, dictó un nuevo cuarto intermedio. La sesión estaba programada para reanudarse a las 10:00 de la mañana del sábado.
Consecuencias de la acefalía
El objetivo es destrabar las negociaciones para evitar que la acefalía del TSE se prolongue, lo cual podría generar una crisis de legitimidad en los procesos administrativos y electorales venideros. Por ahora, el ente rector permanece en incertidumbre jurídica, a la espera del acuerdo que no pudo consolidar en el plazo establecido por la ley.
